EL RECHAZO DEL PLAN B DE LA REFORMA ELECTORAL

 EL RECHAZO DEL PLAN B DE LA REFORMA ELECTORAL

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

La noche del 15 de diciembre de 2022 en el Senado de la República Morena y sus aliados votaron apresurada y mayoritariamente un conjunto de reformas reglamentarias en materia electoral que ha sido conocido como el Plan B de la iniciativa de reformas constitucionales que requerían una mayoría calificada que no tenía el oficialismo. Incluso, Ricardo Monreal, el líder de la fracción morenista en el Senado votó en contra de ese plan argumentando que “las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”.

Se violentó el proceso legislativo y la oposición se fue a la Suprema Corte de Justicia e interpuso acciones de inconstitucionalidad. Han transcurrido casi cinco meses y los ministros de la Corte esta semana ha desechado la primera parte del Plan B con nueve votos a favor y dos en contra dando la razón jurídica a la oposición.

Vamos, la Corte ni siquiera ni siquiera entró a discutir el fondo constitucional de las reformas por su notoria improcedencia -dicho de paso, ese Plan contemplaba que los cargos electos en funciones podían participar libremente haciendo campañas electorales lo que fue considerado una aberración por la alta probabilidad de que se utilizaran recursos públicos.

Esto ha provocado una andanada de ataques desde la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, el partido Morena y, curiosamente, del mismísimo líder del Senado quien en la línea del presidente López Obrador amaga a los ministros de la Corte con esta pieza: “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido … Este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la facultad de citarlos a comparecer y también, tenemos un recurso que es el juicio político, en caso, de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”.

Hay molestia, y mucha en Palacio Nacional, por lo que el morenismo cierra filas con un presidente al que se le ve irritado en las conferencias mañaneras cuando un día y otro, también, lanza ataques feroces contra los ministros de la Corte y la oposición. Y hay un eco irracional que se repite exponencialmente entre secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados federales y locales y alcaldes morenistas.

Y ante la incapacidad de revertir la decisión de la Corte -que seguramente va a completarse cuando se revise la segunda parte de ese Plan B, porque adolece de las mismas fallas de procedimiento legislativo- el presidente López Obrador plantea el llamado Plan C en las urnas en el verano de 2024 cuando estará en juego la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, además, de la mayoría de las gubernaturas y alcaldías y llama a ganar la mayoría calificada para que entre otras cosas los ministros, magistrados y jueces sean resultado de una contienda por los votos, es decir, las campañas políticas ya no serían solo de los partidos sino de aspirantes a esos puestos constitucionales. Una gran novedad a la mexicana.

Sólo que los números de los resultados en los comicios federales de 2021, las consultas ciudadanas y las encuestas de intención de voto, no dan para pensar, que el tsunami obradorista de 2018 vaya a repetirse en 2024 porque, primero, debe pasar la aduana de una nominación del candidato oficialista tersa, sin rupturas, lo que se ve como algo improbable porque ya al menos Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, se ha pronunciado porque el método para elegir al candidato o candidata sea transparente. En términos de política mexicana eso significa que se opone a que el viejo “dedazo priista” se renueve en las filas del morenismo.

Así mismo, la oposición que se ha movido con cautela dando juego a todos los que aspiran a la nominación presidencial o a un reintegro de consolación en caso éxito electoral, juega con el calendario electoral.

Sus líderes saben que la alianza “Va por México” que integran PAN-PRI-PRD en 2021 sólo perdió dos millones de los votos obtenidos en 2018 -los partidos de la alianza “Juntos hacemos historia” perdieron 8 millones de sufragios. Y un dato que también es un indicio de lo que viene es que a las consultas ciudadanas para presuntamente juzgar a los expresidentes neoliberales y la revocación de mandato del presidente en funciones Morena sólo logró movilizar siete y dieciocho millones, respectivamente, de un padrón de 95 millones de registros electorales.

Ante los riesgos de una competencia cerrada, el presidente López Obrador ya se metió a la sucesión presidencial y la apuesta es reforzar la política clientelar de los programas sociales, las cuotas de votos que seguramente se les asignaran a gobernadores y alcaldes, incluso, como sucedió en 2021, poner en marcha mecanismos de contención de los operadores electorales de la oposición.

En definitiva, la confrontación del presidente López Obrador con los ministros de la Corte indica el malestar que le provoca su independencia, los contrapesos normales de cualquier democracia representativa y una derrota en las urnas.