FENTANILO, TOCAN LA PUERTA

 FENTANILO, TOCAN LA PUERTA

 

Ernesto Hernández Norzagaray(*)

 

El pronunciamiento reciente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa ha sido contundente cuanto está vinculado a la producción y distribución de fentanilo en sus ciudades.

Así lo expresó Merrick Garland, el fiscal general desde la mismísima Casa Blanca, secundado por Ann Milgram, directora de la DEA, cuando después de describir el modus operandi de esta facción señalaron con nombre y apellido a 28 personas que estarían involucrados en el trasiego de esta droga sintética y estarían provocando cual pandemia la muerte de 100 mil ciudadanos norteamericanos al año.

Este posicionamiento inédito en México ha llevado a dos lecturas esenciales: Una, asociada al futuro de la política del gobierno obradorista de “abrazos, no balazos” y, la otra, a si este es el primer paso en la ruta estadounidense para ir en contra la narcopolítica mexicana que ya cuenta con algunos en sus prisiones.

La política de “abrazos, no balazos” de lucha contra el crimen organizado más allá de la mofa que ha provocado en los círculos políticos de Washington está cercada y no parece tener futuro de manera que el mensaje norteamericano es “si tú no actúas, nosotros lo haremos, es más, ya lo estamos haciendo”.

Esa posición de la administración Biden deriva de que el flujo de fentanilo está provocando muchas muertes de consumidores estadounidenses y eso activó las alarmas políticas hasta convertirse en parte medular del debate público que en los próximos meses podría tornarse más rudo buscando influir en el ánimo de los ciudadanos estadounidenses -el otro gran tema es el de los migrantes que aumentó mediáticamente luego de los acontecimientos trágicos en la fronteriza Ciudad Juárez.

Los políticos republicanos han ido más lejos y se han pronunciado porque a los cárteles mexicanos se les reconozca como “organizaciones terroristas” y, por ende, se vaya por ellos, como sucedió con Osama Bin Laden y la organización Al Qaeda, lo que ha sido por el momento rechazado por la mayoría de los representantes demócratas y que bueno, por lo que implicaría una decisión en contrario para México en materia de seguridad y soberanía nacional.

Sin embargo, está postura demócrata, no significa afinidad con la oficial del obradorismo y menos, cuando los norteamericanos están en un año electoral, donde el juego de suma cero se impone en aquellos temas de rentabilidad en votos y, más, cuando los grandes medios de comunicación estadounidenses constantemente están poniendo los temas mexicanos en la agenda mediática para sensibilizar al ciudadano promedio sobre la gravedad del problema y los eventuales complicaciones que tiene y podrían incrementarse para una sociedad que ve al mundo a través de los lentes mediáticos.

Eso explica la postura de la administración Biden en materia de fentanilo que es un tema muy sensible socialmente y exigente de decisiones duras en el combate contra su producción y distribución.

Y eso, pone en entredicho, la política sostenida por el gobierno de López Obrador, que ha sido interpretada en algunos círculos políticos y mediáticos norteamericanos como de complicidad simple y llana con las organizaciones criminales.

Y es que estas organizaciones, viven un momento de expansión gracias a la impunidad, que raya en la ostentación de que “todo se puede hacer, sin consecuencias” porque simple y sencillamente, las instituciones encargadas de la prevención y la impartición de justicia no están cumpliendo ni meridianamente con su papel constitucional y, mucho menos, dando resultados al nivel que exige la circunstancia criminal.

La búsqueda y localización de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en territorio nacional seguramente no será producto de una traición dentro del Cártel de Sinaloa. De alguien de los suyos que busque obtener los 10 millones de dólares que se ofrecen por cada uno de ellos sino producto de colaboración binacional o, muy probablemente, operaciones encubiertas que ya podrían estar realizándose en nuestro país por las agencias de seguridad estadounidenses.

 Es donde llama la atención de la postura del presidente López Obrador, que ante la declaración de la infiltración norteamericana en el Cártel de Sinaloa ha sacado el pecho nacionalista. La ha calificado como una “intromisión abusiva”, lesiva para la soberanía nacional, y ese tipo de pronunciamiento, sin duda, activas alertas y afecta la cooperación binacional en materia de lucha contra el trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos. Aunque el canciller Marcelo Ebrard rinda cuentas positivas ante las autoridades norteamericana de lo que está haciendo nuestro para ellos el flujo de fentanilo no ha parado y sigue llegando a su territorio a través de los más heterodoxos medios de trasiego fronterizo.

Y es que a las autoridades norteamericanas no les convence porque tienen como referencia, en su imaginario una rendición, la política permisiva de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador, lo que significa una colaboración binacional a la baja de doble carril, la diplomática que ejecuta bien y abiertamente el simpático embajador Ken Salazar en Palacio Nacional y la que ocurre abajo, en la oscuridad de las coladeras del crimen organizado, que ha permitido en “colaboración” la detención de personajes de la significación de Joaquín El Chapo Guzmán.

Esta tensión entre los gobiernos no significa al menos en este momento que vaya mucho más allá de la detención de los “Chapitos” y la reducción de la producción y distribución de fentanilo, y vaya a involucrar a actores políticos que podrían tener deudas con esta y otras organizaciones criminales -que, dicho de paso, es una torpeza mayúscula del presidente López Obrador, haber asegurado que en México no se produce esa droga cuando los propios datos del canciller demuestran lo contrario y peor para él, las revelaciones del titular de la SEDENA en la mismísima conferencia mañanera.

No, las autoridades estadounidenses, han sido hasta ahora muy cuidadosos en no mezclar a los empresarios de la droga con los viejos y nuevos empresarios políticos, circunscribiéndose a los capos de cierto calado, aunque sería inocente pensar que no tienen expedientes de políticos que han sido beneficiados con el apoyo de organizaciones criminales e incluso, que hoy detentan posiciones de representación política y que desde ahí, desde el ejercicio del poder, replican la política de “abrazos, no balazos”.

Esa postura se vio claramente en el juicio de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública, durante el mandato presidencial de Felipe Calderón, de manera que cuando el abogado César de Castro y los testigos protegidos intentaron involucrar a personajes políticos mexicanos en activo el juez Brian Cogan los contuvo esgrimiendo que esos señalamientos no podían utilizarse como recurso jurídico, ni a favor, ni en contra del acusado.

Entonces, no hay materia, para pensar, que el gobierno estadounidense, quiera por lo pronto algo más en la lucha contra de la facción de “Los Chapitos” y, de esa manera, no se hacen olas y se conserva el estatus quo aligerando el estado de ánimo de aquellos, hoy gobernantes, que recibieron favores de esta una u otra facción criminal durante los comicios concurrentes de 2021 y, que podrían estarse alistando, para influir en la decisión del voto en los comicios estatales de este año y los de 2024.

En definitiva, el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA, si bien es una sacudida al gobierno mexicano por la insuficiente capacidad para atender un problema creciente para la sociedad norteamericana no pretende ir más allá de su enemigo de coyuntura sino responder a un tema que estará en la agenda mediática del debate presidencia norteamericano, sin embargo, en ese tejido respiran los personajes de nuestra narcopolítica.

 

Mazatlán, 21 de abril de 2023.

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(*) Dr. en Ciencia Política y Sociología, Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.