LA CAPTURA DE LA UNAM, ¿ENSAYO EN SINALOA?
LA CAPTURA DE LA UNAM, ¿ENSAYO EN SINALOA?
Ernesto Hernández
Norzagaray
Armando Contreras, el diputado
oaxaqueño que elaboró o le elaboraron una iniciativa que no fue formalizada
para que la elección de autoridades en la UNAM fuera mediante el voto
universal, directo y secreto, parece haber tenido eco en Sinaloa, donde de
entrada rompió el pacto político-electoral que Morena sostenía con el Partido
Sinaloense (PAS) y, que sus dirigentes, habían signado tácitamente en 2021 para
llevar a Rubén Rocha Moya al gobierno del estado y hoy, lo que no se logró con
la UNAM, va viento en popa, si no ocurre
algo extraordinario, en las casas de estudio de los sinaloenses.
Antes de entrar al fondo habría
que decir que las universidades públicas sinaloenses, como otras instituciones
de educación superior, hay grupos de poder que para bien o para mal, tienen el
control político y, digo esto, porque esta implícita la legitimación en el
ejercicio docente, investigativo y extensión.
El Partido Sinaloense tiene un peso
específico en la administración en la UAS donde militantes de este partido son los
que toman muchas decisiones y habría que ver si lo hacen como militantes o como
administradores profesionales.
No le favorece mucho al PAS que
se sepa que de acuerdo con una investigación realizada por el diario Noroeste
el 60 por ciento de la nómina son parte de sus activos.
Aunque hay una investigación que
está por hacerse sobre los mecanismos de reclutamiento y los incentivos de estos
activos para darse de alta en el padrón pasista, donde podría haber muchos
militantes, que vienen desde antes de que este partido se constituyera en 2012.
Pero, para el gobierno estatal
está claro, la membrecía que alcanza los 140 mil afiliados dentro y fuera de la
UAS son suficientes para afirmar que este partido controla a la máxima casa de
estudios y que se “viola desde adentro la autonomía universitaria”.
Y, por ende, dijeron, hay que
adecuar la Ley General de Educación Superior para que la UAS recupere su
“libertad” y su “autonomía”.
Es ahí, cuando empata con la
UNAM, el Congreso del Estado, con una amplia mayoría morenista y aliados han
decidido aplicar en Sinaloa la fórmula suspendida en la UNAM para que las
autoridades universitarias sean seleccionadas en elección abierta, universal,
directa y secreta bajo la intervención del Congreso del Estado que viola el
principio básico de toda autonomía que es la del autogobierno e impide
garantizar la libertad para ejercer la reflexión y la crítica y, donde se produzca
y trasmita el conocimiento, sin ningún tipo de interferencia religiosa, política
o económica.
En Sinaloa, no ha sido problema,
primero por la decisión del gobernador, quien a través de su mayoría en el
Congreso del Estado incluyó añadidos a la armonización de la Ley General de
Educación Superior que, a juicio, al menos, de los abogados universitarios son inconstitucionales
y violatorios de la autonomía.
Ya sabremos como resolverán este
asunto los ministros de la Suprema Corte de Justicia si las universidades pueden
estar sujetas al Poder legislativo y por lo pronto, un juez federal ordenó la
suspensión provisional de la ley luego de amparos que fueron promovidos por
consejeros universitarios -Pero, concentrémonos en la UAS, que es donde esta la
motivación de este ejercicio de reflexión.
La lucha del gobernador contra
las autoridades de la UAS se libra, además, de lo jurídico en tres frentes que
puntualmente son los siguientes:
Primero, en el ámbito político, el
gobernador ganó una a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector y líder moral del
PAS, cuando al menos puso en entredicho la alianza que este sostenía con Adán
Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, ya que aquel con su partido
impulsaba -e impulsa- la campaña ¡Que siga López, estamos agusto!, al nombrar a
uno de los diputados locales para que en lo sucesivo se “hiciera” cargo de esa
responsabilidad política de frente a la definición del candidato morenista a la
presidencia de la República.
Segundo, lo mediático, ambos
actores buscan ganar la percepción de que lo hecho es lo correcto. Por un lado,
la UAS, hace una campaña convencional con sus recursos institucionales y
comunicando directamente a los estudiantes y padres de familia, en tanto, la
mayoría de los medios de comunicación se encuentra volcados en esa tarea bajo
la premisa recordada en una de las conferencias semaneras del gobernador de que
es “el gobierno el cliente principal” de este tipo de empresas. Además, como si
fuera poco, tenemos que se están utilizando drones para distribuir volantes
sobre los campus universitarios y difundir consignas a favor de la
“recuperación de la autonomía”.
Y, tercero, las calles,
contrariamente a la idea que siempre son las universidades las que las ganan en
esta ocasión la iniciativa la tienen actores progobiernistas que han activado
manifestaciones “por la autonomía” -principalmente de la Facultad de Derecho
Culiacán.
Es decir, a la vista de
cualquiera, el grupo pasista la va perdiendo pues sólo le quedaría la parte
legal. Pero, ahí, es probable, que el Gobierno del Estado no las tenga todas
consigo sea por el aura de independencia que hoy rodea a los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación o, porque simplemente, no tienen la razón
jurídica.
El caso terminara en la Corte y
es altamente probable que el gobernador la pierda porque los añadidos a la Ley
de Educación Superior del Estado de Sinaloa no los contempla la Ley General, es
decir, el Congreso del Estado, no tiene por qué intervenir en labores de auditoria
en las universidades públicas para eso está la ASF y la ASE.
Además, no tiene fundamento legal
hacer consultas a la comunidad universitaria sobre eventuales modificaciones ala
ley y menos, si son inconstitucionales, pero sobre todo la Universidad se rige
por un Consejo Universitario y, es al que el rector y los directores de
escuelas y facultades, deben rendir cuentas sobre su ámbito de acción
institucional.
En definitiva, el ensayo que está
en curso en Sinaloa es el que se pretendió aplicar en la UNAM y probablemente
sus verdaderos promotores decidieron dejarla en suspenso hasta no ver en que
termina jurídicamente y ahí, decidir, se sigue en esa línea o se desecha, es
decir, lo que está en juego en Sinaloa, con sus singularidades políticas, no
sólo son sus universidades públicas sino las del todo el país.
Al tiempo.
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