GOBERNAR Y MANDAR EN TIEMPOS MISERABLES
GOBERNAR Y MANDAR EN TIEMPOS MISERABLES
Ernesto Hernández
Norzagaray
El asesinato de Gisela Gaytán,
candidata morenista a la alcaldía de Celaya, alcanzó una visibilidad mediática que
no han tenido los 21 asesinados ocurridos desde noviembre hasta esta semana.
Tampoco los asesinatos de ocho
aspirantes morenistas a un cargo de elección popular y son parte de esa lista terrible
en democracia. Este nuevo asesinato tiene algo de excepcional. Y es que el
presidente López Obrador, quizá, conmovido por la muerte de esta joven
guanajuatense la hizo suya en la conferencia mañanera, pero, no en el vacío, ni
buscando culpables en las coladeras del crimen organizado sino en los
responsables institucionales locales que deberían haberla protegido y no lo
hicieron oportunamente.
El espectáculo mediático es
lamentable. La presidente del Instituto Electoral de Guanajuato dice que
trasmitió a la Fiscalía la solicitud que le hizo hecho Morena para proteger a
Gisela. Y el titular de esta dependencia responde que no recibió la solicitud.
Alguien miente. Pero, eso, ahora solo importa, en la medida en que se revisen
los protocolos de protección de candidatos y logren evitar que escalen las
amenazas y los asesinatos políticos en Guanajuato.
Libia Denisse García, candidata
al gobierno del Estado por la coalición “Fuerza y Corazón por México y
Guanajuato” y Alma Alcaraz, candidata de la coalición “Juntos haremos historia”
han sido amenazadas de muerte y están expuestas cada día que salen a continuar
su campaña por los votos.
Y eso debiera ser suficiente para
que las autoridades de la federación y del estado de Guanajuato sumen esfuerzos
para garantizar en lo sucesivo unas elecciones libres de asesinatos y dentro de
los parámetros de calidad democrática.
No abona a este propósito el
discurso del presidente López Obrador quien acusa airadamente al gobernador, al
fiscal y, a la presidenta de la OPLE local, de ser los responsables de la
muerte de Gisela Gaytán.
Los responsables no son ellos,
aun cuando haya burocratismo, sino los autores intelectuales y materiales del
asesinato que están al acecho para hacer daño al proceso electoral y a los
actores políticos.
Entonces, cuando el presidente
López Obrador afirma que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, “gobierna, pero
no manda”, además, de ser una descortesía entre poderes, hay un error semántico
mayúsculo: El gobernante de este estado o de cualquier otro, gobierna con base
a la Constitución y las leyes reglamentarias que de ella emanan. Es lo que se
jura todo gobernador o gobernadora electa al tomar posesión ante el Poder
legislativo. Y con base en esas leyes, toma decisiones públicas para atender los
problemas de su comunidad.
Entonces, un gobernador no manda,
gobierna, acotado por las leyes. Quienes si mandan sin ningún control legal son
los que asesinaron a Gisela Gaytán y, antes, a muchos otros, sin visibilidad,
porque a la mayoría de ellos se les trató como una mala estadística y no
pasaron por el cernidor de la conferencia mañanera.
Y, justamente, lo que está en
juego, en cada elección en democracia, es que sigamos teniendo un país donde
los gobernantes tomen decisiones respetando las leyes. No que los criminales
impongan su voluntad o, peor, que criminales y políticos sean uno mismo.
El presidente López Obrador
debería revisar sus conceptos y categorías antes de hacer señalamientos de ese
calibre. Pero, esa confusión de conceptos no fue lo importante. Lo importante
es que una vez más se volvió a meter al proceso electoral y toma partido.
Politiza el asesinato. Deja de verlo como un asunto de carácter judicial para
convertirlo en uno político electoral. De medición de fuerzas con los adversarios
locales. Incluso, enturbia el ambiente al sugerir que quienes “mandan” actúan
porque se les tolera e incluso, se les protege.
Cuando, perfectamente, este
reclamo, podría también aplicarse a estados gobernados por Morena con serios
problemas de violencia criminal, pero, dirá, que son distintos, “son
gobernantes honestos”.
O, acaso, ¿los índices de
homicidios dolosos de Guanajuato son muy diferentes a los que se cometen en
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas o Veracruz?
Sabe que no hay diferencias
sustantivas pues los limites de operación de los cárteles son imaginarios pues,
de otra forma, no se explicaría estados donde operan dos, tres y hasta cuatro
organizaciones criminales que todos los días alteran la vida pública cuando se
disputan los territorios con secuelas de muerte y abandono.
Por eso, las expresiones de AMLO
deben situarse hoy en su justa dimensión que es la electoral. En Guanajuato
hasta antes del crimen de Gisela las encuestas de intención de voto ofrecen una
atmosfera de alta competitividad entre las dos grandes coaliciones.
La suma “encuesta de encuestas de
PollsMX”, ajustada al 28 de febrero, favorecía en la elección de gobernador a
la coalición PAN-PRI-PRD, con un 49% de intención de voto mientras la coalición
formada por Morena, PVEM y PT traía el 45% lo cual habla de un empate técnico. Cualquiera
de ellas puede ganar.
Con esta tendencia el asesinato
de la candidata a la alcaldía de Celaya cae como anillo al dedo al presidente
López Obrador quien la utiliza para intentar darle vuelta a las preferencias
electorales.
Lo está haciendo, más allá de
consideraciones morales o éticas, se impone la política pura y dura, saltándose
todo tipo de barreras legales como también los llamados del INE, para evitar el
activismo que mantiene desde antes del inicio del proceso electoral y tiene
como objetivo, ganar la presidencia de la República, la mayoría del Congreso de
la Unión y ganar los estados gobernados por el PAN.
Es una apuesta fuerte
racionalmente hablando. Finalmente, la política siempre será la captura de
oportunidades, buenas o malas y la muerte de Gisela, si para algo parece que servirá,
será para debilitar la imagen del adversario y fortalecer a los candidatos propios.
Y en esta circunstancia de
cálculos, lo que menos importa, es que se haga justicia en este asesinato
oprobioso, a la familia y compañeros de partido de Gisela.
Los guanajuatenses tendrán la última
palabra el 2 de junio sobre quien debe gobernarlos.
Al tiempo.
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