EQUIDISTANCIAS ENTRE ECUADOR Y MÉXICO
EQUIDISTANCIAS
ENTRE ECUADOR Y MÉXICO
Ernesto
Hernández Norzagaray
“Ecuador vive un estado de guerra
inédito tras el masivo desafío lanzado por narcotraficantes y el crimen
organizado contra el Estado en todo el país”, con esta
síntesis el periodista Daniel Lozano hacia la entrada de su reporte para el
diario La Nación.
Luego aparecerían las imágenes y audios de violencia
en la calle, las cárceles, un canal de televisión y el campus de una universidad
mostraba el desafío de los cárteles más importantes de ese país sudamericano:
Los Choneros que lleva ese nombre porque se crea en Chone, una ciudad de la
provincia de Manabí, al oeste de Ecuador y cuenta con un ejército calculado en
12 mil miembros distinguiéndose por el control que ejerce en las rutas de
narcotráfico y su conexión con el Cártel de Sinaloa (CDS); en tanto, Los Lobos, Los
Tiguerones y los Chone Killers son una suerte de hidra de Lerna a la que se les
reconoce también como Nueva Generación por su vínculo con el Cartel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
La historia reciente se inicia con la segunda fuga
de José Adolfo Macias Villamar “Fito” de la cárcel de máxima seguridad de
Guayaquil, fundador y líder de “Los Choneros”, la primera fue en febrero de 2013 de la cárcel
de La Roca y su recaptura ocurrió en mayo de ese mismo año.
Daniel Noboa, el recién habilitado presidente
de Ecuador, luego de la fuga decretó el pasado lunes un toque de queda y el
estado de excepción para todo el país incluidas las prisiones lo que provocó
motines y la captura de policías y custodios. Algunos de ellos fueron grabados
cuando les dan un tiro en la nuca mientras llaman al gobierno a iniciar
negociaciones como la única forma de parar las acciones violentas que estas
organizaciones estaban realizando dentro y fuera de las prisiones.
Sin embargo, la respuesta inmediata, fue contundente,
calificando los actos como de terrorismo y está contemplada esta figura en la
legislación ecuatoriana lo que pueden significar penas entre 10 y 13 años.
Asimismo, señaló, que su gobierno no negociaría
con los personeros del crimen organizado ni renunciaría a sus tareas para garantizar
la seguridad de los ecuatorianos y llamó a las fuerzas armadas a realizar operativos
de rescate.
Así mismo, para garantizarles seguridad jurídica
firmó un decreto para que “tengan todo
el respaldo político y legal en el accionar en las calles y reclusorios” y,
así, recuperar la gobernabilidad en este pequeño país amenazado por la
capacidad de chantaje de los cárteles con ramificaciones internacionales.
Y con esto, plantea el tema de la estrategia de
combate contra estas organizaciones que como vemos en este país fueron capaces
de articular una serie de acciones coordinadas para distraer la atención en la
búsqueda y captura de “Fito” Macias y demostrar su capacidad para desafiar al
Estado ecuatoriano.
Ecuador, territorialmente, es aproximadamente
una séptima parte de México y la decisión del presidente Noboa fue utilizar
todos los recursos del Estado para evitar que los cárteles sigan imponiendo su
ley y pusieran en entredicho a su gobierno que tiene detrás el asesinato de
Fernando Villavicencio, candidato presidencial que había puesto el énfasis de
su campaña electoral ir contra los narcopolíticos.
La experiencia ecuatoriana cobra relevancia
para México porque estamos en medio del proceso electoral “más grande de la
historia” y las amenazas, ataques, asesinatos políticos iniciaron prácticamente
con la instalación del Consejo General de INE (véase https://votar-entre-balas.datacivica.org/)
y han continuado hasta el fin de semana pasado cuando fueron asesinados tres
precandidatos a alcaldes en Colima, Chiapas y Morelos.
Este tipo de crímenes “hormiga” contra dirigentes,
precandidatos, operadores políticos y hasta contra encuestadores no es una
historia nueva en nuestra vida pública. En las elecciones concurrentes de 2021 Data
Cívica documentó 134 casos sin considerar los candidatos que fueron conminados
a renunciar a una postulación o el secuestro de operadores políticos.
Y, tampoco, es una historia, solo político-electoral,
son parte de un todo donde están los intentos del crimen organizado por
desafiar al Estado mexicano como han sido los llamados “culiacanazos” o los “narcobloqueos”
ocurridos en múltiples ocasiones en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua,
Tamaulipas, Tabasco… y no sólo se trata, de los grandes cárteles sino hasta los
pequeños en su radio de acción como sucedió recientemente en Texcaltitlán,
Estado de México.
Afortunadamente, no han sido producto de un
esfuerzo coordinado de los distintos cárteles sino, cada uno de estos eventos,
tiene que ver con el cártel local y eso, le ha permitido un margen de control a
las fuerzas federales, pero, siempre estará latente, la posibilidad de que
dadas unas condiciones haya coordinación para elevar el nivel de desafío al
Estado mexicano o de autocontrol como sucedió en los noventa cuando existía la llamada
Federación de grupos criminales que se distribuían regiones y mercados a cambio
de garantizar un mínimo de seguridad.
Y es que es posible cuando los dos grandes cárteles
están en la mayor parte del país y, muy especialmente, en los estados
fronterizos y costeros. Esto, potencialmente, representa un serio riesgo para
el país en caso de que operen como lo están haciendo los cárteles ecuatorianos.
No sucede aquello, pero tenemos una cadena de crímenes que se cometen diariamente
con un alto costo en vidas y patrimonios. Solo, en lo que va en este sexenio ronda
en los 173 mil homicidios dolosos superior a los cometidos durante los
gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña.
Quizá, por esa dispersión, o por un valor entendido, a las
cosas no se les dice por su nombre como si sucede con el presidente Noboa que a
estos actos los califica de terroristas y brinda a las fuerzas armadas apoyo
político y legal de tal manera de que se sientan protegidos por los eventuales excesos
que se cometen en lo que llama “conflicto armado” y, a propósito, Noboa advirtió
a los jueces que liberen a estos “terroristas” “también se los considerará como
parte o integrantes de la red de terrorismo”.
En definitiva, queda para la reflexión la siguiente expresión
de Noboa: “Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia
organizada porque es más fácil que cuando son terroristas y cuando vivimos un
estado de conflicto de estado de guerra aplican otras leyes, aplica, también,
el Derecho Internacional Humanitario, que es diferente al usual que ocurre en
el Ecuador”
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