DESAFÍOS ANTE LA AUTOCRATIZACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA SINALOENSE.
DESAFÍOS ANTE LA AUTOCRATIZACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA
SINALOENSE.
Ernesto Hernández Norzagaray(*)
Las autocracias son contagiosas,
defendamos la democracia
Ramón Cardoso.
La llegada de la llamada cuarta transformación al
gobierno de Sinaloa ha significado una fase nueva en el ya largo proceso de alternancias,
pero, también, una paulatina autocratización de la vida pública.
La incorporación al gabinete como secretario de
Gobierno de Enrique Inzunza Cazarez, quien antes se desempeñaba como magistrado
presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el nombramiento de Sara Bruna
Quiñonez, como fiscal general del Estado, facilitó que el Poder Judicial se
alineara a los intereses políticos del gobierno que preside Rubén Rocha Moya,
quien, llegó, con la legitimidad de los 623 mil votos obtenidos en la alianza
electoral entre Morena y el Partido Sinaloense.
Ambas formaciones políticas, lograron, además, obtener
veintisiete de los cuarenta diputados que integran el Congreso del Estado, lo
que significó alcanzar la mayoría calificada y, por lo tanto, el número
necesario para realizar las reformas constitucionales que pudieran transitar de
lo electoral a lo legislativo bajo un sui generis cogobierno.
Estaban dadas las condiciones para un gobierno
estable cuando cuadros del Partido Sinaloense alcanzaron posiciones de primer
nivel -Héctor Melesio Cuén, secretario de Salud, María del Rosario Torres
Noriega, secretaria de Turismo y María Guadalupe Ramírez Zepeda, en la secretaria de Transparencia,
además, Luis Alonso García Corrales, en la Comisión Estatal para la Protección
de Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss)-, sin embargo, para principios de
agosto de 2022, el cogobierno de facto Morena-PAS,
sufrió la primera fractura con la sustitución de García Corrales.
Se perfilaba un gobierno donde el Ejecutivo articularia
los tres poderes del Estado más la conducción de los municipios más poblados
que en ese momento estaban gobernados por morenistas “fundadores” no alineados
al gobernador, incluso, estaban en rebeldía y errando en el ejercicio de
gobierno. La mayoría del Poder legislativo les inicio a ambos un procedimiento que
terminó separándolos de los cargos que habían obtenido holgadamente en las
urnas y ese mismo Poder, nombró alcaldes sustitutos, que no hacen olas y respondían
a las directrices del tercer piso de gobierno.
No siendo suficiente estas acciones para el
proyecto autocrático vino la cooptación de alcaldes y diputados que habían
llegado al cargo con el emblema del Partido Sinaloense. Y así, las alcaldesas
de Cosalá, Mocorito, Rosario y Escuinapa pasaron a las filas de Morena y lo
mismo sucedió con sus diputados locales. La fracción legislativa con estas
nuevas adquisiciones de Morena se fortaleció y alcanzó la mayoría absoluta del
Congreso del Estado.
No paró ahí, había que ir por los diputados
priistas y fue como todos excepto uno de ellos pasó a formar parte de la fracción
morenista. Tenía Morena, entonces, la mayoría calificada y con ello responden a
las directrices de Palacio de Gobierno.
Simultáneamente, bajo la máxima, de que todos
los medios de comunicación dependían de la publicidad del gobierno estos deberían
actuar en consecuencia no provocando olas y alineándose contra los enemigos del
gobernador de lo contrario recomendaba que “pasen con el secretario de gobierno
a ver lo de sus convenios”. Esto fue provocando adhesiones en el mundo
empresarial mediante el silencio ante las acciones del gobierno estatal y
federal lo que significó que el estado iba perdiendo contrapesos con cada una
de estas acciones del gobernador.
Sólo iba quedando un contrapeso el grupo
dirigente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin embargo, desde principios
de 2023, se había puesto en marcha una estrategia legislativa destinada a la
captura de la institución rosalina cuando el resto de las universidades
públicas acusaron recibo y se alinearon rápidamente a los dictados del tercer
piso del Palacio de Gobierno.
La Ley federal de Educación Superior era un producto
legislativo del propio gobernador durante su paso como presidente de la
Comisión de Educación del Senado de la República. Sin embargo, el proceso de
armonización estatal añadió artículos inconstitucionales que iban en contra la
autonomía universitaria y, el propio gobernador, por todos los medios a su
alcance, buscó que el rector Jesús Madueña Molina aceptara los términos de la
iniciativa, sin embargo, este no sólo la rechazó diciéndole al gobernador: “No
seré yo, quien entregue la autonomía universitaria” sino, la combatió en el
ámbito federal, logrando una suspensión definitiva de la reforma lo que
polarizó las relaciones interinstitucionales.
Por ejemplo, la iniciativa gubernamental, buscaba
que el rector rinda cuentas al Congreso del Estado y no como lo marca la ley al
Consejo Universitario, máximo órgano de decisión colegiada; que la Universidad
acepte ser auditada en los recursos federales por el gobierno del Estado siendo
que la ley establece que debe hacerse por la Auditoria Superior de la
Federación. Y así.
Sin embargo, la estrategia de captura de la UAS,
siguió adelante por la vía jurídica, alegando corrupción de los funcionarios
universitarios al impedir los procesos de admisión de la auditoria estatal y en
compras a sobre precio de bienes y servicios lo que llevó a que un juez local
separara del cargo a Madueña Molina y a otros funcionarios universitarios,
también, por la vía política arreció la embestida contra Héctor Melesio Cuén
Ojeda, dirigente del PAS quien, para el círculo rojo del gobierno, es el
factótum del poder en la Universidad.
Así, por eso, a la mirada de los observadores más
agudos de la vida pública sinaloense, la caída del último reducto de oposición
social y política significaría prácticamente cerrar el proyecto autocrático
iniciado en 2022 y, prácticamente, a un año de la primera separación de un
funcionario pasista.
Antes de continuar con los desafíos ¿Que
debemos entender por un modelo político autocrático? La autocracia tiene un
doble significado nos dice Mario Stopinno en el Diccionario de Política que coordinó
Norberto Bobbio junto con Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino en 1981. En lo
particular, una autocracia política “denota un grado máximo de absolutismo, en
la dirección de la personalización del poder. Una autocracia es siempre un
gobierno absoluto, en el sentido de que detenta un poder ilimitado sobre los
súbditos. Pero, además de eso, la autocracia comporta que el jefe de gobierno
sea de hecho independiente, no sólo de los súbditos, sino también de los otros
gobernantes, que le están por eso rígidamente subordinados”.
En tanto, en lo general, la autocracia es más
grave por las implicaciones que tiene en lo institucional pues se define “como
el término más apropiado para designar a la clase de los regímenes
antidemocráticos o no democráticos por entero” y ese riesgo mayúsculo, debería
llamar a los observadores a leer con lupa las acciones de este gobierno
autocrático. Y es que las mentes más lúcidas de la opinión pública oscilan
entre la conveniencia personal y la minucia mediática del día a día y mejor la
narrativa que cada edición de la “semanera” busca hasta ahora fallidamente producir
y controlar la agenda pública. No alcanzan a ver el proceso en marcha en eso
que se llama cambio de régimen. Aquella que alimenta la narrativa justiciera
que ofrecen los gobiernos de la 4T, pero, por esas creencias, obnubilan las
tendencias más regresivas en términos democráticos.
Se podrá argumentar en el caso de la UAS que
esta se cocina aparte por el control que ejerce en ella el grupo universitario,
pero es imposible separarla en un análisis más complejo donde es insuficiente
la concepción binaria de buenos y malos. La captura de la UAS es el último
eslabón de un proyecto político que no se reduce solamente a la UAS sino hay
indicios de que es al conjunto de instituciones públicas de educación superior.
Ya hubo un intento de captura de la UNAM iniciado desde el púlpito presidencial
cuando se le fustigó por “antidemocrática”, sin embargo, por una razón todavía
desconocida se detuvo el propósito y los aspirantes del morenismo al cargo de
rector dieron un paso atrás en sus ambiciones de control de nuestra máxima casa
de estudios.
¿Acaso no nos dicen nada sobre esto los
contenidos ideológicos de los libros de texto de la educación básica que han
sido cuestionado por académicos, padres de familia y organismos sociales de
defensa de la educación pública? ¿O a estas alturas de final de sexenio no aporta
nada el acecho que López Obrador ha sostenido constantemente en contra de los
organismos autónomos? ¿Contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? o ¿el
sometimiento de los gobernadores priistas y la entrega de embajadas y
consulados para allanar el paso a Morena en los estados?
Entonces, ante este escenario de depuración de
aliados, cooptaciones políticas y captura de las instituciones públicas se
desmantela a la oposición y adocena a los gestores de las instituciones. Y es que,
en términos democráticos, deberían ser los contrapesos naturales de cualquier
sociedad democrática, sin embargo, no lo son por la visión autocrática del
poder. Lo que plantea desafíos políticos inéditos para reestablecer la
gobernabilidad democrática. Y esto debiera pasar por los medios de comunicación
y las redes sociales a la par de una amplia participación ciudadana en las
elecciones de la próxima primavera. Un gobierno sin mayoría en el Congreso del
Estado. Una nueva distribución del poder en los municipios. Un Poder Judicial
autónomo y una transición “suave” desde adentro en la Universidad Autónoma de
Sinaloa para oxigenar el ambiente y quitar argumentos a sus enemigos políticos
para seguir cumpliendo sus funciones sustantivas.
Las elecciones concurrentes que celebraremos en
la próxima primavera están llamadas a decidir entre autocracia y democracia,
entre personalización y distribución del poder, entre rochismo-morenismo y
pluripartidismo, entre narcopolítica y juego democrático.
Estos dilemas poderosos que están llamados a
decidir la mayoría de los más de dos millones de ciudadanos sinaloenses con
credencial para votar están en la atmosfera política y en el ánimo de segmentos
de la población. Y es que, por un lado, las clientelas satisfechas con el
desempeño del gobierno cuatroteísta y por el otro a quienes, despojados de
clientelismo observan críticamente la oferta a través de la propaganda de la “transformación”.
Viendo que no sólo que trae prácticas de lo política del antiguo régimen sino,
también, viene reforzada con ingredientes propios que está provocando incertidumbre
en sectores sociales como son los casos de los pueblos indígenas de la bahía de
Topolobampo, los productores agrícolas de la región de los valles, las madres
buscadoras de sus familiares desaparecidos, los desplazados por la fuerza desde
las comunidades serranas y los defensores de los derechos humanos. Y justo, es
en este conglomerado social, donde el gobierno de la 4T tiene el mayor riesgo
de un traspiés electoral por los agravios que han sufrido y es destacar el
sector de los productores agrícolas que serían capaces de transformarse de un
movimiento social en un movimiento político-electoral.
Entonces, veremos lo que las grandes
coaliciones perfilan para los cargos de representación federal como los
estatales que es otro lastre en las dinámicas partidistas. Y es que, grosso
modo, serán dos personajes los que decidirán sobre las candidaturas
federales en Sinaloa mientras las estatales estarían matizadas por otros
intereses: Rubén Rocha, quien ya decidió autocráticamente, que Enrique Inzunza
Cazarez será cabeza de la fórmula para el Senado de la República por la
coalición “Juntos hacemos historia” y Alejandro Moreno, dirigente nacional del
PRI, quien en un acuerdo de distribución de las candidaturas con los dirigentes
del PAN y el PRD, decidirá las de Sinaloa. Y muy posiblemente por indicios
mediáticos, la nominación para el Senado será a favor de Paloma Sánchez, la
diputada federal de Mazatlán.
Si no hay sorpresas de última hora, serán los
dos candidatos en la disputa senatorial ¿se puede sacar una primera conclusión
de esta selección? Si, el gobernador y
el dirigente priista coinciden en que son ellos y, solo ellos, lo que van a
decidir esta nominación para cada una de las coaliciones -o, mejor, quizá, ampliando,
las nominaciones federales, serán para los más leales a sus proyectos e
intereses.
La pregunta, que algunos nos hacemos, con
cierta preocupación, si un recién llegado a la política militante y una metropolitana
tutelados podrá dirimir satisfactoriamente los dilemas que plantea esta coyuntura
política. Uno tendrá el desafío no menor de cohesionar a los grupos del
morenismo y emocionar más allá de las clientelas asistencialistas de Morena;
mientras, la eventual candidata opositora activar la maltrecha militancia que
le queda al PRI y al PAN y, claro, aumentar el electorado priista que se
manifestó desangelado en los comicios locales de 2021.
Mejor, todavía, pregunto, ¿podrán atraer el
llamado elector “switcher”, es decir, aquel tipo de votante dubitativo que hace
ejercicios racionales para decidir su voto en términos de costo beneficio y votar
a una u otra coalición que al final podría significar la diferencia entre ganar
y perder la elección? Este votante se calcula podría alcanzar hasta el 20 por
ciento de los votantes activos.
Entonces, para contener este esfuerzo de
autocratización de la política estatal el gran desafío es que la gente salga a
votar masivamente y distribuya el voto en función no de la coalición hegemonizada
por Morena -que llamará seguramente a votar en línea- sino, por la postura
frente a la llamada “transformación” y los perfiles sociales o políticos que
ofrecen cada una de ellas.
Si esa tendencia se afirma producto del
malestar que provoca el gobierno de la 4T en sectores más temerosos -y, sobre
todo, las reacciones adversas que provocan los constantes excesos verbales,
dislates, regaños, agresiones del gobernante- podría producir lo que en el
argot politológico se denomina: “voto diferenciado” que tiene una historia consistente
en los procesos electorales sinaloenses de los últimos veinte cinco años.
Con ello se abren las posibilidades de que
cambie la distribución del poder y se reconfigure la representación política existente
en el Congreso de la Unión, Congreso del Estado y los cabildos municipales.
Vamos, que el resultado termine por configurar un gobierno dividido que, para
Josep Colomer, el politólogo catalán, es el modelo perfecto para garantizar el
juego democrático entre mayorías y minorías. Y es que, este juego, exige
permanentemente el diálogo y la negociación política entre las diferentes
concepciones políticas que dominan el imaginario político.
Con una recomposición de las fuerzas en el
Congreso del Estado y los municipios se abre la posibilidad de restablecer los
contrapesos indispensables en toda democracia y detener las tentaciones
autocráticas en curso. Una reedición de la votación de 2021 significaría la
consolidación de esta tendencia que ha sentado las bases para ir a una segunda
fase de una fuerte personalización del poder.
Finalmente, dado que la UAS, sin haberse planteado
convertirse en un contrapeso político la propia circunstancia le ha asignado
este papel, no obstante, está obligada aceptar este nuevo rol y eso plantea nuevos
desafíos. Las andanadas contra la
institución irán en aumento porque se enfrenta a una narrativa poderosa que es
la lucha contra la corrupción que hoy obnubila mediáticamente el proceso de
autocratización de la vida pública sinaloense y, hasta una franja de su
inteligencia, ha comprado acrítica y desinteresadamente o por conveniencia el
relato gubernamental sin ver que de instalarse este proyecto tarde que temprano
la terminara alcanzado.
En definitiva, el gobierno que encabeza Rubén
Rocha, hasta ahora ha puesto en marcha exitosamente un proyecto de captura y
mediatización de las instituciones del Estado contrario a los valores
democráticos y 2024, será un año decisivo para su consolidación o reversión. Si
la sociedad sinaloense sale a votar masivamente muy probablemente restablecerá el
sistema de equilibrios que hacen posible la convivencia y, de esa manera podrá hacer
frente a los desafíos de la globalización, pero, en particular, al relato
autocrático y el riesgo que representa la incursión del actor criminal en los
procesos electorales con la subsecuente distribución del poder y la composición
de la representación política.
(*) Dr. en
Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor
Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. E-mail: jehernandezn@hotmail.com
Agradezco los valiosos comentarios del doctorando Reyna
Valdez Castro.
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