FIDEICOMISOS Y UNIVERSIDAD

 FIDEICOMISOS Y UNIVERSIDAD

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

¿Qué relación tiene la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que hasta ahora había tenido el Poder Judicial, y que ese ataque probablemente se verá reforzado, con el recorte presupuestal para el 2024, y la decisión del juez de control, que en Sinaloa ha suspendido temporalmente a Jesús Madueña Molina como rector de la UAS bajo el supuesto de que eso permitirá continuar las investigaciones sobre la presunta compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas y otros derivados de maíz?

A primera vista cualquiera diría que cada una de estas decisiones van por rieles diferentes. Una, producto de una mayoría relativa de la Cámara de Diputados -por cierto, sólo 259 diputados de los 500 que la integran- y, la otra, una decisión de un juez de control que habiendo puesto medidas cautelares estos funcionarios que se estaban cumpliendo vuelve a llamarlos para suspenderlos de su cargo.

Pero vayamos por partes. Lo que se ha dicho de los fideicomisos desde el Poder Judicial y la Suprema Corte es que todos ellos son parte de su andamiaje institucional y tienen que ver con prestaciones de ley de su personal entre ellos apoyos especiales que reciben alrededor de 2000 funcionarios de primer nivel -el de las mudanzas cuando dejan su lugar de residencia para ir a otra ciudad del país lo que resulta racional cuando se tiene un cambio que exige mayores erogaciones con el mismo sueldo-, pero, dada la visión política del presidente López Obrador y su partido, son privilegios inaceptables que siguiendo esa lógica si fuera el principio que regula a la administración pública federal le pegaría y duro al residente de Palacio Nacional que necesitaría al menos cuatro salarios presidenciables para sufragar sus gastos domésticos.

Pero, dirán los más obradoristas, eso no vale, es cosa aparte, el presidente y su familia si puede tener privilegios y mayúsculos.

Entonces ¿de qué estamos hablando?

Acaso de que al no ser pareja está política en la administración pública federal ¿quiere decir es un arma política que se aplica a quienes no se disciplinan al titular del poder ejecutivo?

O sea, basta, señalar desde el pulpito presidencial, que esos fideicomisos, son para el “copete de los privilegiados del Poder Judicial” para evitarse revisar y entrar al fondo del destino de esos recursos que buena parte, nos dicen los ministros de la Corte, son constitucionales y están ahí para atender compromisos laborales con los más 55 mil trabajadores del Poder Judicial.

Y la salida, es la que hemos visto está semana, cuando los diputados morenistas, petistas y pevemistas atienden ipso facto la consiga que se les manda desde Palacio Nacional sin siquiera oír a los directamente afectados con esa decisión a todas luces autoritaria que está provocando reacciones sociales en todo el país sumándose a las que ya existen en otros ámbitos sociales luego vendrán los amparos y las acciones de inconstitucionalidad.

Y, mientras esto pasa en la federación, en Sinaloa desde el mes de febrero está en marcha una estrategia de captura de la Universidad Autónoma de Sinaloa que pasó del intento de seducir al rector Madueña Molina, cómo él mismo lo ha denunciado, para que allanara el camino a una reforma constitucional y reglamentaria estatal que contraviene la Carta magna y la ley general de Educación Superior, sin embargo, se negó diciendo que “no seré quien de paso a la violación de la autonomía universitaria”.

Lo sorprendente de este intento de armonización sui generis de la Ley General de Educación Superior es que es producto del trabajo legislativo de Rubén Rocha cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República y, lamentablemente, la niega con este intento hasta ahora fallido.

En estos ocho meses los sinaloenses hemos sido testigos de un largo litigio jurídico que cómo este no aceptó se convirtió en enemigo a perseguir y ante el fracaso enderezaron los ataques contra el grupo político que dirige la Universidad que está obligado a facilitar las investigaciones cómo lo indica la disposición que ha mostrado Robespierre Lizárraga al recibir la visita de miembros de la Fiscalía.

Aparecieron así carpetas de investigación contra los funcionarios universitarios. Se trataba de exhibirlos como la máxima expresión de la corrupción en el estado una táctica que ha dado frutos al morenismo en el país y en Sinaloa, ha permitido sustituir con ahijados a los alcaldes electos de Culiacán y Mazatlán.

Los abogados de la Universidad han hecho una buena defensa de la autonomía universitaria. No obstante, el pasado martes, la lucha jurídica dio un giro cuando el rector Madueña Molina y, otros cuatro funcionarios universitarios, fueron suspendidos temporalmente por el juez de control para que no haya impedimentos y realizar las investigaciones con absoluta libertad.

Evidentemente, hay toda una intencionalidad política, no se trata sólo de investigar los eventuales malos manejos en la casa Rosalina sino dar paso a la siguiente fase de la estrategia de captura de la institución. Es decir, todo hace suponer que la consigna de la corrupción no bastara porque es un asunto eminentemente político y hay un interés mayor contra el grupo dirigente de la UAS.

Este grupo se ha mantenido cohesionado alrededor del Rector Madueña Molina quien se ha mantenido entero, confiado y decidido a dar la lucha incluso si se le consigna penalmente y eso, es fuente de inspiración para los universitarios que lo apoyan y soportan, todo tipo de inclemencias, en los accesos de la FGE.

La gran movilización que se manifestó el pasado miércoles es una muestra de que hay capacidad de organización y movilización y esto, más allá de quienes ven moralmente el asunto, es una fuerza que no tiene el gobierno del estado.

El pequeño grupo de activistas y jubilados que ha tratado de movilizar a académicos, administrativos y estudiantes, ha sido un rotundo fracaso y luego de varios intentos siguen siendo los mismos, no se ve la eficacia de sus arengas liberadoras.

En definitiva, la experiencia de los fideicomisos y la persecución contra la UAS coinciden en el desprecio de las formas democráticas para resolver las diferencias, en ambos casos se busca imponer la voluntad de un solo hombre y con ellos, van los más fieles con sus malos humores, que no alcanzan a ver el daño que ocasiona la destrucción de instituciones públicas.

Al tiempo.