LILLY TÉLLEZ Y EL PROBLEMA DEMOCRÁTICO
LILLY TÉLLEZ Y EL PROBLEMA DEMOCRÁTICO
Ernesto Hernández
Norzagaray
Al margen de querencias y
malquerencias a la senadora Lilly Téllez, su videoconferencia donde renuncia a
continuar como aspirante a la candidatura presidencial en la cantera del Frente
Amplio por México (FAM) plantea de fondo un problema en nuestro sistema de
partidos por su proclividad enfermiza de querer darle la vuelta a la ley y al compromiso
con las reglas del juego democrático.
La ley electoral y la de partidos
políticos establece que todos sus actos deben ser acorde con los principios
democráticos. Sea en sus procesos internos como, también, en el ámbito de la
competencia por los votos y, si no lo hicieran, la ley dispone la actuación de
las instituciones de justicia electoral.
Entonces, en un ejercicio tan
importante como es la definición de una candidatura presidencial -aunque,
podría ser cualquier otra- los actos de los partidos deben estar sujetos estrictamente
a los procedimientos que marca la ley y, por ningún motivo, debería haber
sesgos en los partidos y, menos, de las autoridades electorales.
Lilly Téllez, como ningún otro u
otra aspirante dentro del FAM o de la alianza Juntos Hacemos Historia, se
preparó y generó, un esquema de actuación personal, en el proceso de definición
del método de selección de la candidatura opositora y planteó a los partidos de
la alianza 50 preguntas en clave democrática que, dice, no tuvieron la cortesía
de responder los dirigentes políticos.
Ante la ausencia de una respuesta
clara y precisa, actúo en consecuencia y decidió renunciar a participar en un
proceso de selección que no se ajustaba a su ética, su ideario político, su
visión ciudadana -sus malquerientes, inmediatamente, empezando por el
presidente López Obrador, vulgarizando y dijeron que “se dio cuenta de la
manipulación del proceso” o, simplemente, que renunciaba porque no le alcanzaba
para obtener la candidatura-, sin embargo, el resto de aspirantes, si son
demócratas, deberían reflexionar y tomar postura, frente a este ejercicio, que
cómo bien lo dice Téllez, el proceso de nominación debería ser ejemplo
democrático.
Téllez, cuando renuncia estaba
posicionada a la par de Santiago Creel y todavía no aparecía Xóchilt Gálvez, y tenía
posibilidades de crecimiento, entre un sector de la población ideológicamente
conservadora y antiobradorista, lo que significa que tenía claro, si no se
daban unas condiciones democráticas daría un paso atrás, por simple congruencia
política y ahí está como alerta para Xóchilt que dice que aspira a ser
“candidata de los ciudadanos”.
Aunque suene raro todavía hay
políticos, mejor ciudadanos metidos a la política, que se la creen y están
convencidos de que los partidos deben expresión de los ciudadanos organizados y,
eso, seguramente, estaba en su mente cuando vio con entusiasmo el movimiento
rosa que brotó en la mayoría de las grandes plazas del territorio nacional para
defender al INE y la Corte de los intentos presidenciales por reducirlos a su
mínima expresión.
Sin embargo, como ciudadana, no
adscrita a un partido intuye lo que significa la llamada “ley de hierro de la
oligarquía” elaborada por el politólogo Robert Michels hace más de un siglo y
que desde entonces domina a los partidos políticos llevándolos a nunca soltar su
poder a la transversal “sociedad civil”, esa categoría tan polisémica como la
de “pueblo”, que tanto gusta esgrimir a los políticos populistas.
Los tres argumentos que esgrimió
Michels son, con sus matices, de gran actualidad en México: Primero, que las
grandes organizaciones tienden a burocratizarse y generar intereses, incluso,
especialización que los hace imprescindibles sobre todo en la generación de las
élites burocráticas; segundo, la dicotomía entre eficiencia y democracia
interna se resuelve a favor de la percepción de cierta eficiencia en la
distribución de bienes públicos y puede representarse en un liderazgo fuerte y
eficaz, finalmente, la psicología de masas, donde el ciudadano renuncia a su
soberanía y lo hace a favor de ese liderazgo fuerte.
Y es que, ahí radica una de las
mayores debilidades de nuestra democracia por la baja participación social y la
tendencia de que cíclicamente aparezca el “tlatoani” que vendrá a resolver los
problemas estructurales que agobian nuestro día a día.
En esa lógica, los partidos
políticos, capturan la representación y en México, no es la excepción a la
regla, más allá de la retórica política estamos ante una oligarquía que puede
soltar algo, por necesidad política, pero nunca lo va a ser al punto de
desfigurarse como organización oligárquica.
Lilly Téllez, quizá,
ingenuamente, pensó que la actual circunstancia de la oposición daba pie para
el empoderamiento del segmento de la sociedad organizada y, se dio cuenta, que
si bien los partidos cedían algo -como, es la mayoría relativa en el comité de
organización y el observatorio del proceso de selección del candidato
presidencial- no están dispuesto a que los grupos organizados de la sociedad
terminen por rebasarlos y de ahí, la construcción de consensos, especialmente
entre los dirigentes del PRI y el PAN.
Y es que Lilly en su renuncia
destaca que los partidos del FAM en su ánimo de tener control del proceso de
entrada decidieron que el tiempo -una semana- para preparar una elección
nacional era imposible “para alguien sin partido” lo que, en lógica elemental,
no significa “garantías de equidad en la competencia interna” y da ventaja a
los aspirantes partidizados. O sea, se cumple dirá una vez más la máxima
aquella de “quien hace la ley, hace la trampa”.
Esto la remitió al tema la
“autenticidad del padrón interno y el manejo de los recursos financieros” entre
los aspirantes. Así mismo, denunció que “el método de elección no empodera a
los ciudadanos, sino a quienes los movilizan” y es cierto, como seguramente,
como lo veremos especialmente en la definición de las candidaturas
plurinominales para el Congreso de la Unión, no es difícil imaginar que varios
de los 14 aspirantes detentaran este tipo de cargo en la siguiente legislatura.
Finalmente, pone el dedo en la
llaga de la ilegalidad, cuando acusa de que el FAM hará lo mismo que Morena y
sus aliados en la “precampaña” cuando afirma que “combatir la ilegalidad no
debe implicar violar la ley, ni recurrir al clientelismo partidista o
corporativo”.
En definitiva, la renuncia de
Lilly a buscar la candidatura presidencial no debe de servir para el chacoteo
político sino debería motivo de reflexión sobre nuestras rutinas democráticas y
especialmente de la oposición que estaría llamada a ofrecer algo diferente a lo
del equipo de enfrente, y es que, como diría el sentido común, si haces lo
mismo, el resultado terminara siendo el mismo.
PD. Claudia Ruiz Massieu, siguió
la ruta de salida de Lilly Téllez, algo están haciendo mal en el FAM.
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