El instituto electoral mexicano depende de la Suprema Corte de Justicia

 El instituto electoral mexicano depende de la Suprema Corte de Justicia

Ernesto Hernández Norzagaray / Latinoamérica21

El pasado 26 de febrero el Frente Cívico Nacional y diversas organizaciones sociales nacionales y estatales, hicieron un llamado a la toma de la plaza pública. El objetivo era pronunciarse en contra del llamado Plan B, de la reforma electoral del presidente López Obrador, que pretende alcanzar lo que no pudo a través de su iniciativa de reforma constitucional. Básicamente lo que busca el presidente es controlar la elección para beneficiar a su partido en las elecciones presidenciales de 2024 y la renovación del Congreso de la Unión.

El llamado activó movilizaciones en más de cien ciudades de México y el extranjero (Paris, Madrid, Los Ángeles, Washington, Madrid, Lisboa, Madeira, etc.) y se calcula la participación en más de un millón de mexicanos. Los objetivos de defensa eran tres: El Instituto Nacional Electoral (INE) no se toca, mi voto no se toca y la Suprema Corte decide sobre la constitucionalidad del Plan B.

El presidente López Obrador pretende mediante una reforma a la ley electoral reducir a su mínima expresión la estructura y las competencias del INE, de manera de obtener ventajas por esta vía sobre la oposición y conservar la presidencia para el partido Morena y sus aliados electorales. Teniendo control del INE y reduciendo sus competencias constitucionales podría tener un mayor margen de maniobra en unas elecciones que se pronostican muy competidas.

Esta estrategia de ruptura constitucional fue avalada por la mayoría absoluta que tienen Morena y sus aliados legislativos, sin embargo, no le alcanzó, para tener la mayoría calificada (las dos terceras partes más uno en ambas cámaras) que exige la Constitución para realizar reformas a la Carta Magna.

En este contexto, el presidente López Obrador decidió dar un paso atrás para avanzar dos pasos adelante a través de reformas a las leyes secundarias, entre ellas, la ley electoral. Esto suscitó amparos, acciones y controversias constitucionales de la oposición y, ahora, le toca a la Corte resolver sobre la constitucionalidad de estas reformas.

Hay dos cuestiones de contexto que son fundamentales. Una es la designación reciente de la primera presidenta de este órgano constitucional y la decisión de los ministros, de que el llamado Pan B no se aplicará en los comicios del próximo verano en los estados de México y Coahuila.

El primero, cobra relevancia, porque la candidata del presidente, la ministra Yasmin Esquivel Masso, no sólo no obtuvo los votos de sus pares para alcanzar el máximo cargo, sino que enfrenta un severo cuestionamiento público por haber plagiado su tesis de licenciatura y doctorado lo que podría inhabilitarla de su cargo

La segunda cuestión es que la Corte nombró como presidenta a la ministra Norma Piña Hernández que desde antes de ser elegida tenía uno de los índices de aprobación más bajos de las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente López Obrador.

Además, aunque la Corte está compuesta por once ministros y ministras, sus mensajes públicos y simbólicos son de respeto de lo que marca la Constitución y que no se saldrá de lo que marca la norma.

Ahora, el tema está en cancha de los ministros y ministras de la Corte y son estos quienes deben resolver los amparos y controversias constitucionales sobre las reformas a seis leyes secundarias y definir si tienen soporte constitucional. La Constitución y la ley electoral prevé que las leyes electorales no pueden cambiarse noventa días antes de que inicie el proceso electoral y oficialmente está previsto que ocurra el 2 de septiembre, con la instalación del Consejo General del INE y la emisión de la convocatoria a las elecciones constitucionales para el periodo 2023-2024.

Especialistas en materia constitucional, coinciden en que una vez aprobado el Plan B por el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador tiene 30 días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Y una vez publicado, la Corte procede a revisar la constitucionalidad de las reformas a las seis leyes secundarias y tendría, hasta el 2 de junio, para resolver los amparos y controversias constitucionales ya sobre lo definitivo. Es decir, el INE y los partidos políticos tendrán que revisar sus alegatos para presentarlo de inmediato a la Corte que deberá trabajar a marchas forzadas para decidir, con base a la Constitución, si las elecciones del próximo año se celebran con la legislación vigente o con el añadido del Plan B.

En definitiva, México transita en estos días por una avenida marcada por una estrategia política que podría romper el orden constitucional y eso tiene al país en vilo. El destino nacional depende, como nunca antes, de lo que resuelvan los once ministros de la Corte. Mientras eso ocurre, los ciudadanos han decidido tomar la calle para revertir el intento regresivo de la democracia y sus instituciones.