CIUDAD JUÁREZ

 CIUDAD JUÁREZ

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

¿Cómo justificar la ampliación del plazo de militarización de la seguridad pública hasta 2028 cuándo ocurre la muerte de 30 custodios y convictos en la prisión de Ciudad Juárez? ¿Cómo justificar el antídoto de la militarización cuando al amanecer del año la violencia estalla dentro y fuera de una prisión donde están 3 mil 900 internos más una buena cantidad de custodios? ¿Cómo justificar que al menos una decena de vehículos hayan atravesado la ciudad fronteriza y ninguna cámara los haya detectado?

Peor ¿cómo esos vehículos habrían llegado a la prisión y atacado a los custodios a golpe de metralla y las fuerzas federales no aparecieron ipso facto y mucho menos, los hayan enfrentado, mientras estaban cometiendo crímenes o huían del lugar? ¿Cómo los atacantes entraron al penal sin que se conozca que haya habido un enfrentamiento que haya impedido el asalto y fuga?

Vamos ¿cómo explicar que hayan huido llevándose a Ernesto Piñón de la Cruz, alias El Neto, el líder preso de los llamados mexicles y otros 19 internos y nuevamente hayan atravesado una ciudad donde se dice existen miles de efectivos de seguridad pública y, nadie los haya visto, y mucho menos que fueran detenidos? ¿Cómo explicar que estén seguramente todavía dentro del perímetro de Ciudad Juárez y no hayan sido localizados ni siquiera los vehículos cuando participaron en el ataque al menos 50 personas?

¿Qué arrojan las cámaras de vigilancia que seguramente están ubicadas en lugares estratégicos para una mejor visibilidad de los desplazamientos de vehículos y, más, cuando se está hablando de una caravana de decenas de ellos y ahora están bajo paradero desconocido? ¿Debemos creer la versión oficial de que las prisiones estatales son responsabilidad de los gobiernos de los estados cuando la mayoría de los fugados purgaban penas por delitos federales?

¿Cuándo el “Neto” tenía de condena de más de dos siglos por decir un eufemismo de cadena perpetua? y ¿Cuándo el argumento que manejó el presidente López Obrador y el eco legislativo para otorgar más competencias de seguridad, recursos y extensión de plazos, fue que se hacía para que estas masacres ya no ocurrieran o al menos, resultara más difícil realizarlas? ¿Dónde estaban y están los servicios de inteligencia? ¿Qué hacían sus miembros esa noche larga? ¿Estaban festejando mientras las imágenes de la caravana pasaban por las pantallas sin ser vistas por sus operadores?

¿Por qué la secretaria de Gobernación presenta a posteriori un comunicado donde niega la atención al gobierno del estado de Chihuahua que solicita que presos federales sean llevados a penales de alta seguridad? ¿Habrán valorado el alcance de esa negativa burocrática? y ¿Por qué luego lo corrigieron llevándose a 191 internos a cinco penales federales del país?

Acaso, ¿no se habla en el púlpito presidencial de coordinación de las fuerzas de seguridad pública federales y estatales? ¿ya cambio el enfoque de coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad o lo único que existe es la política disuasiva de “abrazos no balazos”? ¿ante estos hechos violentos y otros, que ocurrieron en Nuevo León, Veracruz y Jalisco habrá cambios en esa política disuasiva?

¿Por qué el secretario de la Defensa dice a la opinión pública que se seguirá con la misma política cuando no está dando los resultados deseados por la población civil? ¿Qué tendría que pasar para que al menos se valore seriamente está posibilidad de cambio? o, ahora, ¿vendrá acompañada con esta política de reparto de reos en las prisiones del territorio nacional? ¿esa es la solución para disminuir el problema de violencia que existe en las prisiones o en las calles de las ciudades del país?

Y es que esa medida no está del todo mal, pero ¿va más allá de la desconcentración de los penales estatales que truenen por la coexistencia de miembros de bandos criminales enfrentados y los intereses incubados y tolerados en estos centros de “readaptación social”?

En definitiva, lo sucedido en el penal de Ciudad Juárez ¿no representa el fracaso de la estrategia de militarización que a cuatro años de iniciada y cinco por delante no es ahora, ni en 2028, la solución a un problema de multiplicación, diversificación, territorialización y cotos de poder del crimen organizado?

Al tiempo.

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