GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL

 GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL

 

 

El desafuero del alcalde Jesús Estrada Ferreiro no debiera ser un caso juzgado, no puede haber definitividad en el nombramiento del llamado “alcalde sustituto”, porque hay notoriamente, indicios de violación al derecho humano de votar y ser votado además podría configura, técnicamente, un golpe de Estado constitucional, es decir, un golpe utilizando las propias instituciones que deben ser siempre garantes de los principios democráticos en materia electoral.

Si Estrada Ferreiro, como abogado, arma una buena estrategia legal y la lleva a las instancias competentes -tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, podría meter en serios aprietos al Congreso del Estado, que, a juicio de muchos ciudadanos, se extralimitó en sus competencias constitucionales y resolvió arbitrariamente en contra de un poder electo que sin duda había cometido excesos no solo verbales pero lo correspondía resolver a la autoridad y hasta ahora no lo ha hecho.

¿De cuándo acá los cuarenta diputados que integran la legislatura pueden estar por encima de la voluntad de cientos de miles de ciudadanos que emitieron su voto a favor del alcalde desaforado? y, en todo caso, ¿cuál es el fundamento constitucional y de derecho internacional, expresado en la Carta democrática, que nuestro país suscribe, como parte contratante de la salvaguarda entre otros derechos humanos de votar y ser votado?,

Que con la decisión adoptada en forma secreta se violentó cualquier principio democrático y, todavía más, cómo diría el alcalde desaforado, cuando esta jugada política es producto del interés del titular de otro poder electo y probablemente de un poder administrativo. En definitiva, ¿dónde está la sentencia de los delitos en que presuntamente incurrió Estrada Ferreiro?

Veamos porque:

Las elecciones son procesos institucionales contemplados en nuestra Constitución y nuestros ordenamientos electorales democráticos. Entonces sus productos en materia de representación política son inalienables, salvo en los supuestos previstos en materia de juicio político, que no es el caso, la Fiscalía General del Estado, como parte del Poder Ejecutivo, solicitó que el Congreso del Estado interviniera por presuntos delitos que habría cometido el entonces alcalde del municipio de Culiacán, sin embargo, este precautoriamente no ejerció su derecho de audiencia para argumentar su defensa lo que no significa culpabilidad automática sino, quiero pensar, es parte de su estrategia de defensa. En esta materia no cabe aquello de que “el que calla otorga” y tan es cierto, que el exalcalde está semana volvió a Culiacán y llamó a conferencia de prensa.

Ergo, los diputados extrañamente en sesión secreta y por unanimidad, resolvieron, en forma expedita su desafuero y no sólo eso, en el mismo acto, habilitaron a un alcalde sustituto con carácter definitivo sin considerar siquiera la posibilidad de que el alcalde depuesto habiendo sido juzgado y encontrado culpable se convocará a nuevas elecciones.

Es decir, en lugar de actuar conforme a la ley se siguió a pie juntillas el modelo autoritario de desafuero de Jorge Rodríguez Pasos, el exalcalde Mazatlán, quien, en 2002, fue desaforado. Hoy vemos lo mismo con una escasa oposición porque se le sentenció primero socialmente como una persona fuera de sus cabales que cometía delitos que estaba creando problemas de gobernabilidad. Y había que cambiarlo.

El alcalde sustituto, si nadie se lo impide gobernara sin legitimidad, el resto del periodo por el cual se celebró una elección constitucional y donde por mayoría de los votos emitidos ganó el abogado Jesús Estrada Ferreiro, postulado por la coalición “Juntos hacemos Historia”, integrada por Morena y el Partido Sinaloense.

Aunque hoy Estrada Ferreiro dice que no asistió a la audiencia “porque se fue a vacunar a Estados Unidos contra el Covid-19”, antes, había denunciado, muy a su estilo bronco, que no tenía sentido asistir a la sesión secreta para defenderse porque todo ya estaba armado para inhabilitarlo por órdenes del gobernador y que no se iba a prestar a entrar en ese juego perverso. Y vinieron las especulaciones, entre ellas que había cruzado la frontera norte para pedir asilo político, incluso, que entraría en contacto con la DEA, para informar lo que “sabía”.

Ni una, ni otra cosa, sucedió. Esta semana el exalcalde volvió y se le vio aparentemente más relajado, más medido en sus palabras y manifestó que teme ser detenido por la autoridad judicial. Ha estado sometido a una presión política tremenda por sus enemigos en el poder público y abandonado por sus aliados tanto dentro, como fuera de Morena. Y no sabe, hasta donde, están dispuestos a llegar con el fin de lograr definitivamente la apropiación de la capital del estado. El gobernador muy magnánimamente ha declarado que el exalcalde “no tiene por qué temer” incluso, que, si lo busca, lo va a recibir y atender en su despacho.

Pero, el problema no es si lo recibe, lo escucha y le palmea el hombro, incluso, si se toman la foto en plan amistoso y sonrientes no, el problema, es de legalidad y legitimidad de las decisiones que tomó el Congreso del Estado y la designación del “nuevo” alcalde que está tomando sus propias decisiones y que podrían configurar delitos por la suplantación de funciones.

Y el desenlace habrá de depender, como lo ha dicho el exalcalde Estrada Ferreiro, de su defensa por la violación de sus derechos humanos que podría configurar el golpe de Estado Constitucional y ahí sabremos, hasta donde, este personaje polémico, está dispuesto a ir con el fin no solo defender su triunfo electoral sino la defensa del sistema democrático ya que deja entrever el peligro cuando habla de la amenaza que se cierne sobre él cuándo denuncia la existencia de “una lista negra” donde estarían otros cargos electos.

Algunos analistas complacientes, hablan de que detrás de “estate quieto” está un llamado a la disciplina de aquellos representantes electos que pudieran estar presumiblemente en esa lista y actúan en consecuencia para ser borrados de ella. Uno de esos alcaldes sería el de Mazatlán, que nos dicen, que lo de Culiacán lo tiene nervioso sobre todo por la compra multimillonaria de luminarias mediante asignación directa.

El bien mayor es el que está en juego cuanto tiene que ver con el estilo de gobernar del grupo que encabeza Rubén Rocha Moya. Lamentablemente la ciudadanía -incluso los partidos- han caído en el garlito de aquello que un líder de una federación estatal de abogados sentencia cuando afirma que “el desafuero se lo ganó Estrada Ferreiro a pulso” o sea no importa la legalidad y la legitimidad.

En definitiva, dependerá de la decisión del exalcalde y su voluntad está lucha ya no sólo para él y sus electores, sino para generar un precedente y recordarnos, que aun con toda la turbulencia social y política seguimos siendo un país y un estado de leyes que debe ser refrendado por el derecho suscrito dentro y fuera del país. Al tiempo.