OHUIRA Y EL DECRETO DE SEGURIDAD NACIONAL

 

OHUIRA Y EL DECRETO DE SEGURIDAD NACIONAL

 

Mi solidaridad con Ulises Pinzón y Felipe Guerrero,

víctimas de la intolerancia política.

 

Los sinaloenses estamos viviendo experiencias que no se presentaban desde los pasados años ochenta. Resultados electorales que han dejado en la atmosfera la sensación de que la intervención de actores criminales le restan calidad. Autoridades de gobierno que han sido electas bajo la máxima de “haiga sido, cómo haiga sido” y, a los que poco les importa la legitimidad democrática.

Más, preocupante, es que en la etapa de cierre de heridas estén brotando rápidamente problemas que habrán de enfrentar los gobiernos de la 4T. Y, a la vista de todos, pareciera que no los están administrando de la mejor forma o, peor, los agentes políticos recurren a la ilegalidad para sacarlos adelante aun, cuando, todos, al unísono, dicen que respetarán la opinión del pueblo.

El caso más emblemático de esta dinámica es el de los habitantes del municipio de Ahome y, más específicamente, los de la sindicatura de Topolobampo, a los que se les convoca de manera oficial a participar en una consulta ciudadana que, ojo, no tiene efectos vinculantes.

Y, reojo, es que es una consulta sin sustento legal para construir en su humedal la planta de amoniaco de la empresa suizo-alemana Proman operada por su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El objetivo es técnicamente privatizar el Sistema Lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María de 267 mil metros cuadrados que está clasificado y protegido como humedal RAMSAR. Asiento natural de aves golondrinas y especies marinas, pueblos originarios incluso histórico ya que fue en Ohuira donde se instaló la colonia cooperativa estadounidense, encabezados por el ingeniero Albert K. Owen, hace más de un siglo, trayendo a la región una de las utopías socialistas del siglo XIX.

Esta obra, de ejecutarse como está previsto, terminaría por alterar los ecosistemas y cambiaría la imagen de la bahía y la vida de las comunidades pesqueras ribereñas.

Y esa idea se forzó pues es uno de los 147 proyectos de desarrollo regional que forman parte del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura que fue anunciado por AMLO a finales de 2019.

Eso explica la urgencia por sacar adelante esa consulta en el entorno geográfico y demográfico del sistema lagunar, aunque, no tiene efectos vinculantes para autorizar la obra.

Los vecinos ante la embestida se han amparado, pues, es clara la intención, utilizar los resultados para justificar mediáticamente la decisión ante la opinión pública y, en última instancia, presionar a los jueces, que deben resolver sobre los seis amparos que han sido interpuestos ante instancias jurisdiccionales

O, peor, con el decreto inconstitucional de seguridad nacional en materia de información pública, técnicamente, esos amparos quedarían en suspenso en tanto se judicializa el caso, pero, mientras seguirían las obras y cuando la Corte se pronuncie sobre las controversias constitucionales estaríamos ante hechos consumados.

Y, así, la consulta de este domingo se vuelve irrelevante, porque sus resultados ya no se necesitan cualquiera que haya sido su propósito pues el decreto da manos libres para que los proyectos del presidente transiten y eso, debió, haber sorprendido felizmente a los promotores de la ilegalidad que llegaron al extremo de amenazar de muerte a los integrantes del movimiento social Aquí ¡No!

Esto exhibió el alcance de los intereses en juego y permitió ver de lo que son capaces con tal de lograr su objetivo que hoy tiene movilizados a ambientalistas, pescadores y comunidades indígenas -Que dicho de pasó, los miembros del movimiento Aquí ¡No!, han declarado esta semana a la prensa que esperando el apoyo del presidente votaron y llamaron a votar por los candidatos de Morena. Y, hoy, los beneficiarios de ese apoyo penosamente guardan un silencio sepulcral.

Uno, de los amenazados de muerte, es el joven Ulises Pinzón, quien ha preferido salir del estado y tomar distancia física para evitarse que las amenazas terminen como otras ocurridas en estados donde han asesinados ambientalistas, y en el nuestro, cómo ocurrió en octubre de 2014, con Atilano Román, líder de los comuneros de la presa Picachos, quién fue asesinado en Mazatlán en una cabina de radio frente a uno de sus hijos.

O, en otro sentido, sufrir los efectos de los accidentes en las minas sobre las comunidades serranas como la ocurrida en 2014 en Choix, cuando los vecinos de Las Cañitas, Toipaque, El Reparo, Aguacaliente de Baca en el municipio de Choix sufrieron la contaminación de su río por una “fractura de la presa de jale en la mina Paradox”.  

De alcanzar la violencia a Pinzón, u otro líder comunitario, complicaría la situación del gobierno estatal que apenas empieza y ya incumple con el ofrecimiento de no endeudar más a los contribuyentes, cuando, solicita a la banca privada, los primeros 600 millones de pesos, que deberá devolver con intereses en un plazo de un año para resolver seguramente el problema de líquides de las finanzas públicas.

Pese, a esta atmosfera tóxica, que se cierne sobre el estado y el Valle del Fuerte, nos dice Mario Zamora, el senador del PRI, y excandidato a gobernador, que la consulta ciudadana nada tiene que ver con la que fue aprobada por el Senado de la República, y eso lo lleva a preguntarse “si no es legal la consulta ¿quién y cómo se justificara el gasto público de esta operación de participación ciudadana?

No creo que esa sea la preocupación principal de los promotores y menos, cuando el Subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación fue notoriamente evasivo, en la conferencia de prensa, celebrada en el Cabildo ahomense, cuando se trató de entrar en el detalle de la logística y, ni siquiera quiso leer la pregunta, que se les hará este domingo.

Más, bien, la preocupación atenuada por el decreto es la calidad de la consulta y los niveles de participación, porque en ello radica su valor como instrumento justificatorio por si se necesita para cualquier fin.

En definitiva, de cómo los agentes políticos, encabezados por el gobernador Rocha Moya, resuelvan el caso de la planta de amoniaco se sabrá el tipo de gobierno que se está dispuesto construir en el resto de sexenio.

El hilo conductor que viene desde Palacio Nacional hasta el Sistema Lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María pasa por encima de las buenas voluntades y en ellas el gobernador, coautor del libro Tomate Amargo (UAS), que escribió en los ochenta al alimón con la periodista Carmen Aida Guerra Miguel, y que revelaba la situación lamentable de los trabajadores golondrinos del Valle de Culiacán está cerca, muy cerca, de ser un instrumento de una política desalmada contra los bienes humanos y naturales de la región.

En todo esto, habría que preguntarse ¿qué lugar ocupa el epígrafe con que abría aquel libro premonitorio que hoy transita desde la esperanza al desconcierto?

Se levantan/

los pesados telones/

que han colgado inermes/

para ocultar la infamia.