CRIMEN Y ESPERANZA EN SINALOA
CRIMEN Y ESPERANZA EN SINALOA
Rubén Rocha Moya, quizá la figura
más emblemática de la izquierda sinaloense en la década de los ochenta y
noventa del siglo pasado, reapareció políticamente en 2018, luego de haber trabajado
en administraciones priistas y fue para convertirse en el candidato al Senado
de la República por la coalición “Juntos haremos historia” y, en 2021, luego de
un buen desempeño como senador se convirtió en candidato a gobernador por la
coalición “Juntos hacemos historia” integrada por Morena y el Partido
Sinaloense (PAS).
El triunfo fue arrollador. Ganó ampliamente
a Mario Zamora, el candidato de la coalición “Va por Sinaloa”, con el doble de votos,
incluso, fue el candidato a gobernador morenista más votado en términos
relativos de los quince estados en disputa. Arrastró, con ello, votos para los
candidatos de la coalición al Congreso del Estado y a las principales alcaldías,
de manera, que el resultado solo tiene parecido con los triunfos del PRI hegemónico
de los ya lejanos años setenta.
Hay, en estos triunfos, una
amplia legitimidad, aun cuando, durante los comicios fue notoria la
intervención del crimen organizado vetando, anulando y neutralizando candidatos
principalmente de la coalición hegemonizada por el PRI, como, también, secuestrando
operadores el día de la jornada electoral que recordaba a los sinaloenses que el
crimen organizado es un actor que siempre interviene en los comicios del lado de
quienes tienen mayores probabilidades de ganar.
Esta vez fue Morena y antes el
PRI, o también el PAN, con el triunfo de Mario López Valdés en 2010. Ello,
lleva a algunos a considerar a Sinaloa, técnicamente un narcocracia, donde coexiste
el crimen organizado como grupo de presión y las instituciones de la democracia,
que cumplen con sus rutinas electorales, pero, están acotadas, por la mezcla de
intereses en juego, que van más allá, de sus personajes legendarios del
municipio de Badiraguato. Y lo mismo sucede, con el poder Ejecutivo, al que se
le deja hacer su trabajo, pero, constantemente, se cruza con la filigrana de esos
intereses oscuros.
Rocha Moya, en campaña y ahora cumpliendo
funciones de gobierno, se ha comprometido a la agenda social de la 4T, incluso,
alcanzar un idílico Estado de Bienestar, donde todos tendrán pan y leche en la
mesa. Una propuesta de gobierno estratégica que no parece que chocará con este
tejido de intereses cómo, no chocó, Quirino Ordaz, con la vasta obra material
del gobierno. Al final del día, el crimen, es parte de la actividad económica legal
y les interesa que haya circulante para sus fines.
Así, que el único límite, que
tendrá el nuevo gobernador, será su capacidad de gestión de recursos federales y
la puesta en operación de políticas públicas destinadas a atender a los más
pobres del estado. Más cuando muchos de ellos, son producto de la violencia que
ocurre en la zona serrana. La estrategia criminal de “tierra quemada” desplaza constantemente
población desde los pueblos de las estribaciones de la Sierra Madre occidental
hacia la región de los valles buscando horizontes menos peligrosos y con más
oportunidades para salir adelante.
Entonces, con su talante no fue
casual, que el nuevo gobernador haya programado como primer acto de gobierno reuniones
de trabajo con desplazados y familiares de desaparecidos. Que son problemas que
ha ido en aumento y los gobiernos anteriores han sido incapaces de satisfacer sus
demandas. Y está por verse, si Rocha Moya, será capaz, de ir más allá de lo
obtenido a los que ya están viviendo marginalmente en las ciudades o detener la
ola de “levantados” que han terminado siendo simple estadística.
En esas reuniones con desplazados
y familiares de desaparecidos había esperanza en los rostros. Nunca un gobierno se había tomado la foto con
ellos en el primer día del sexenio. El exgobernador Jesús Aguilar Padilla, por
ejemplo, no sólo no los atendió, sino se ganó el repudió cuando los calificó imprudentemente
como “daños colaterales” de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, aunque
es necesario revivir la esperanza en un pueblo lastimado por el crimen y el
desdén gubernamental, está puede verse muy pronto marchitada, si no hay respuesta,
en un plazo marcado por la urgencia de la necesidad.
Será, ahí, cuando se pondrá en
juego la otra legitimidad venida de la respuesta eficaz y eficiente. Aquella,
que no tiene reflectores, y no sabe de estrategias de mercadotecnia, porque, está
instalada en la necesidad de la gente que ha sido largamente ignorada. Y es que,
a la gente, no le basta buena voluntad, necesita políticas destinadas a
combatir la violencia que explica el problema de los desplazados y
desaparecidos.
Incluso, la llamada narco cultura.
Con sus buchones y mujeres que están en la órbita cultural de que “sin tetas no
hay paraíso”. Vamos, en ese espíritu aspiracional, de alcanzar dinero rápido y fácil,
y el reto es mayor, al que le que puede ofrecer un gobernante y más, cuando
estamos frente a estructuras sociales funcionando y generando riqueza a
despecho de los problemas que genera en materia de seguridad pública.
Y frente a eso, cualquier análisis,
no puede dejar de volver la vista sobre el papel que cumplieron los actores
criminales en el pasado proceso electoral. Y es que, ahí, está, el quid de la
cuestión, cómo alcanzar un Estado de Bienestar, donde tenemos un débil Estado
de Derecho, donde actores criminales capturan regiones enteras ante la impavidez
de los gobernantes. No se ve por donde pueda trazarse una ruta de salida.
Se qué es una opinión escéptica, pero
no hay un espacio para el optimismo. Para pensar que las cosas puedan ser
diferentes cómo lo dice y repite el ya gobernador en funciones, el de la
esperanza, el de los más de 624 mil votos, y qué conoce como pocos el
territorio estatal. Que dice que el no tiene porque ir con los pobres: “porque viví
la pobreza”, en los altos de Badiraguato. Se necesita algo más que un gobierno
cercano a los problemas de la gente. Capacidad para gestionar recursos federales,
mucha intermediación política y una mayor recaudación fiscal en un estado que
no sale del bache que por décadas ha representado solo el 2% en su
participación en el PIB y, claro, practicar políticas austeras y luchar contra
la corrupción.
En definitiva, el nuevo gobierno de
Sinaloa, está en una encrucijada, por un lado, esta la oferta de armonización
de la política social de la 4T y, por otra, tener que lidiar con el crimen
organizado que antes de que el gobernador asumiera el cargo mandó mensajes
sangrientos, con los asesinatos ocurridos en los municipios de Guasave y Sinaloa,
dónde cayeron líderes políticos y sociales, los cuales están expedientados pero
sin resolver, siendo que algunos de ellos eran activos de la 4T o sea, gente que
luchaba desde la izquierda por lo mismo, los de debajo de la escala social.
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