LOS ARGUMENTOS

 

 

Quien lea detenidamente el comunicado conjunto que dieron a conocer los fiscales generales de México y Estados Unidos sobre el affaire Cienfuegos puede pasar rápidamente del asombro a la duda; de la sorpresa a la incredulidad.

Porque, en apariencia, ese pronunciamiento no solo salva al General de División Salvador Cienfuegos, de pasar el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad sino porque implícitamente deja ver que en temas de persecución del narcotráfico hay niveles hasta que nuestra fiscalía demuestre lo contrario.

Y es que mire estimado lector, en ese comunicado bilateral, hay un ejercicio de trapecismo que ni siquiera los mejores acróbatas del Cirque du Soleil serían capaces de realizarlo. Se pasa de una gran desconfianza que llevó a la DEA a realizar una investigación secreta y duró alrededor de catorce meses -se dice que empezó en agosto de 2019- y de la noche, a la mañana, nos enteramos que los estadounidenses, buena onda, nos tienen todas las confianzas y aquella investigación minuciosa fue un desliz que ahora se repara devolviendo a México al general de cuatro estrellas para que se continúe aquí la investigación y en su caso, de resultar culpable de algún delito, se le encause penalmente.

Se supone que el general cometió delitos en la Unión Americana, y no cualquier delito pues incluso en el comunicado se dice que fue arrestado en Los Ángeles para que respondiera por cargos de “conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero”, es decir, delitos graves, y la lógica más elemental, indicaría que si la DEA hizo bien su trabajo por ningún motivo debería otorgarse beneficio alguno cómo bien alegan los representantes demócratas que sostienen que es una violación al “Estado de Derecho”  -Recordemos, para medir el tamaño de la decisión, al general panameño Manuel Noriega, quien en 1988, fue acusado por los mismos delitos y purgó su sentencia hasta su muerte en 2017.

Para que haya sucedido esto debe haber una relación costo beneficio mayor que haber continuado en la dirección inicial, y eso es terreno de especulación, han dicho algunos que la detención de Cienfuegos tuvo una motivación electoral que ya no la tendría pues el proceso está en vía de habilitar a Joe Biden como presidente del vecino país.

Y es qué ante la imposibilidad de seguir sacándole jugo mediático a la detención de Genaro García Luna, se necesitaba otro “pez gordo” para mandar mensajes de que la lucha de la administración Trump contra “narcos y violadores” mexicanos, es fundamental para la seguridad estadounidense y eso garantizaba votos especialmente en los estados de la zona fronteriza, cómo sucedió, incluso en franjas importantes de la población de origen latina. En esa lógica especulativa, se explicaría también la actitud del gobierno mexicano, de no felicitar a Joe Biden por su triunfo electoral y aunque al momento del comunicado no hay todavía formalmente un presidente electo, pero es cuestión de tiempo.

Hasta el momento no sabemos qué fue lo que llevó al general a Los Ángeles y solo se ha manejado la especie interesada de que llevaba a su familia a un viaje de placer a Disneylandia. Que es inaudito en tiempos de Covid-19 y sencillamente imposible porque el centro recreativo se encuentra cerrado desde hace varios meses por la pandemia del Covid-19 y, hasta hace poco: “El distrito de Downtown Disney ha comenzado una reapertura gradual” (https://disneyland.disney.go.com/hotels/) así, que las razones de ese viaje pudieron ser otras muy distintas hasta sospechar que pudo ser un cuatro preparado por la propia DEA.

 

Recordemos, aun con su autonomía, los fiscales generales responden al interés de los presidentes y eso deja entrever que el caso, la papa caliente, cambie de sartén. Para cuando aparezca este texto ya los alguaciles habrán puesto al general en México para sellar de esa manera este acuerdo que necesariamente fue en el más alto nivel. Ya con el general en México, que en palabras del canciller Ebrard no llega en calidad de detenido, sino como “ciudadano libre”, nuestra fiscalía tendrá en sus manos el expediente norteamericano y con ellos se abre una etapa inédita en la relación del gobierno civil con sus militares.

Ya hay quienes apuestan que no habrá de pasar nada, que el general Cienfuegos se va a casa y sus abogados se encargaran de litigar de oficio lo que determine la fiscalía hasta prácticamente desaparecer en la bruma mediática, también, hay quienes ven la prueba de fuego para una fiscalía que hace unos días el presidente acusó  que en el caso Odebrecht “van muy lentos” conminándola acelerar el proceso, y este es un asunto más gordo, considerando el gran poder que se les ha dado a las fuerzas armadas que seguramente se hicieron sentir interpósitamente en la construcción de este acuerdo bilateral inédito que genera un precedente.

Finalmente,  Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ha dicho que este desenlace tuvo que ver con  el gobierno mexicano manifestó por la vía diplomática su molestia – The New York Times habla de que se amenazó con echar de México a la DEA- porque Estados Unidos no habría informado de la investigación cuando involucraba a un alto cargo del ejército, a un ex Secretario de la Defensa Nacional, incluso, queriendo hacer un ejercicio de comparación desafortunado el canciller pregunta: “¿Qué hubiera pasado si nosotros detenemos al administrador de la DEA?”, “¿Qué pensaríamos qué ocurriría?”, para responderse el mismo, “Habría una repercusión muy seria”.

La expresión es desafortunada porque deja entrever que la fiscalía estadounidense corrigió liberando al general por una falta de cortesía diplomática, un error de tacto en las relaciones bilaterales, y para enmendar el entuerto, decide dejar a un lado los delitos que presuntamente habría cometido el general en los Estados Unidos para que se investigue y castigue en México. Raro, ¿no?

Finalmente, la fiscalía estadounidense, no cierra el caso se reserva el derecho de que, si lo considera oportuno reabrir la investigación contra el general Cienfuegos, y aquí vale recordar, que, a partir del 21 de enero próximo, los Estados Unidos probablemente tenga un nuevo fiscal general, y este podría considerar que este acuerdo es violatorio de las leyes estadounidenses y requerir al general para cerrar la investigación que inició la DEA.

O sea, no es un asunto cerrado, y de eso dependerá mucho la postura del presidente López Obrador y la operación fina que realice Gertz Manero que, hasta ahora, como dice su superior jerárquico, es muy lento en la integración de los expedientes criminales y eso va contra el buen ejercicio de justicia. Lo cierto es que cualquier decisión que se tome sea en el nivel político o judicial encontrara por un lado la fiscalía estadounidense -muy pronto demócrata- querrá saber el uso final que se le dé al expediente criminal y, por el otro, al ejército que empoderado no quiere ver uno de los suyos, y con ese rango de cuatro estrellas, sea juzgado y eventualmente sentenciado por delitos contra la salud.  

Claro, el general es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario.

¡Al tiempo!