CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA.

 

“Por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior del TEPJF, ordenó al INE crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género (sic), para tomarla en cuenta en las próximas elecciones”, esta resolución es la continuación mejorada de la sentencia de la Sala Regional de Xalapa del TEPJF a favor de una regidora de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, quién habría sufrido violencia política de género.

Sin duda, la decisión es un avance en la búsqueda de la civilidad y respeto de las competencias en los niveles de gobierno. Pues, siendo políticos quienes resulten culpables de estos actos vergonzosos serán exhibidos, cómo delincuentes en un listado nacional que seguramente tendrá efectos al momento de que los partidos nominen candidatos a cargos de elección popular, además, ¿quién en su sano juicio, puede aspirar y salir exitoso con el estigma de haber ejercido este tipo de violencia?

Grosso modo la violencia de género es entendida genéricamente como: “La violencia de género … que ejerce alguien sobre una persona sólo por su género…Este tipo de violencia incluye dinámicas de dominación, incluyendo las amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles, independientemente del ámbito en el que sucedan. (https://concepto.de/violencia-de-genero/)

En Sinaloa están en curso dos denuncias en contra alcaldes del PT y Morena. Uno, Guillermo “Billy” Chapman quien funge como titular del ejecutivo en el municipio de Ahome y Luis Guillermo Benítez Torres, con el mismo cargo en Mazatlán.

A finales de 2019 el Tribunal Estatal Electoral resolvió a favor de Angelina Valenzuela Benítez, sindica procuradora de la alcaldía, que el presidente municipal y varios de sus funcionarios deberían dar una disculpa pública.

El alcalde Chapman acató la resolución y el 17 de diciembre de ese año convocó al pleno del Cabildo y en sesión extraordinaria manifestó esas disculpas en su nombre y de sus funcionarios, además, de llamar a dar las facilidades para que la síndica realice en libertad sus tareas de ley.

Más recientemente, el mismo tribunal hizo lo propio a favor de Elsa Bojórquez, Sindica Procuradora del municipio de Mazatlán, quien desde el inició de la gestión ha intentado realizar sus funciones de ley, pero se ha encontrado con el bloqueo a su trabajo y señalamientos impropios a su cargo cómo aquel de que “necesitaba un psiquiatra”.

No obstante, ambas funcionarias municipales no han quitado el dedo del renglón y han recurrido ante el Congreso del Estado y los tribunales para hacer valer su cargo electo y afortunadamente hubo respuesta positiva a sus reclamos de manera que los llamados a los alcaldes de conducirse conforme a la ley no han dejado de hacerse, sin el correspondiente sistema de puertas abiertas.

En el caso de Mazatlán, sin embargo, el alcalde ha decidido recurrir la sentencia del TEE ante la sala regional del TRIFE, para que sea esta instancia jurisdiccional,  la que resuelva si hubo violencia de género y si se obstruyeron las funciones de ley, seguramente el alcalde lo hace pensando en que el TRIFE resolverá a su favor lo que es cosa juzgada por quienes desde las instituciones y la sociedad sinaloense han visto los actos cometidos en contra de la funcionaria municipal.

La razón es muy clara, alguien que aspira a ser candidato de Morena al Gobierno del Estado, no le favorece nada tener la estigma de violento y ahora, está peor, si el tribunal federal resuelve en el mismo sentido del TEE de Sinaloa, pasará a ser parte de ese catalogo de la infamia política que de frente a las elecciones concurrentes de 2021 será dado a conocer para que los partidos tomen sus precauciones al momento de la selección de sus candidatos y si por alguna razón poderosa lograra brincarse la decisión del tribunal será los ciudadanos los que reconvengan sobre la impertinencia de postular candidatos a cargos de elección popular.

En definitiva, la resolución del TEPJF, es de avanzada y tendrá un efecto sanitizante de la política nacional y particularmente, podría hacerlo en Sinaloa, donde a pesar de los pronunciamientos que ha habido en el Congreso del Estado, el Tribunal electoral, en el Sistema Estatal Anticorrupción y las organizaciones civiles y periodísticas, el alcalde de Mazatlán no ha transigido en su empeño de bloquear el trabajo de la síndica.

Espera, quizá, que las cosas se hagan a la vieja manera, con un telefonazo.

¡Al tiempo!