OPERACIÓN “AGAVE AZUL”
Santiago Nieto, titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la
SHCP, informó esta semana sobre el
bloqueo de mil 939 cuentas bancarias vinculadas al violento Cártel Jalisco
Nueva Generación y está noticia fue confirmada por el presidente López Obrador
con tres agregados: Qué la decisión respondió a una solicitud del gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica, qué se cumplió a través de la UIF y las
estadounidenses Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de
Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y que a esta operación se le identificó
como operación financiera “Agave Azul”.
El alcance económico de las
cuentas de mil 770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos representa hasta
ahora un monto de aproximado de 370 millones de pesos con domicilios fiscales principalmente
en los estados de Jalisco y Colima.
Este operativo de agencias de
seguridad binacionales fue calificado por AMLO como “oficial y transparente
...y con respeto a la soberanía” y que se dan, agrega, “como parte de los
convenios de colaboración entre ambos países” y parten de la lógica de contrainteligencia,
de qué interrumpiendo los flujos financieros ilegales paulatinamente se van desarmando
las organizaciones criminales cuanto limitan los procesos de lavado de dinero.
La noticia apareció en medio de
la crisis sanitaria y cuándo este cártel ha adquirido visibilidad mediante de
despensas a franjas de población pobre en sus zonas de influencia. Este
ejercicio de “justicia social” los hemos podido constatar a través de los
videos subidos a las redes sociales por esta y otras organizaciones, buscando
multiplicar la percepción de la existencia de “cárteles buenos”, cercanos a la
gente.
Y si bien, el congelamiento de cuentas va más
allá del estado de Jalisco, el epicentro de esta organización criminal sin duda
es la Perla Tapatía y su zona conurbada, donde
se concentra el mayor número de bloqueos a personas físicas y morales y
donde podría presentarse reacciones en los próximos días o si lo vemos, con
algo de agudeza, podrían estar ya saliendo a flote a golpe de bala y una
secrecía que despierta dudas.
La muerte de Francis Anel Bueno
Sánchez, diputada morenista en el Congreso del Estado de Colima pudiera ser una
reacción por el congelamiento de cuentas producto del operativo “Agave Azul”,
por las declaraciones de la madre de la diputada que mencionó que las
autoridades federales le pidieron a la familia que no ventilaran el caso en los
medios de comunicación y es que su desaparición ocurrió el 29 de abril y su
cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina el pasado martes o sea un mes
después.
Adicionalmente, está la
desaparición reciente de 10 policías de Colima de los cuales 7 de ellos fueron
encontrados sin vida en Manzanillo, mientras el resto, 3 mujeres policías y dos
civiles fueron liberados por los miembros del CJNG.
Los procesos de alternancia
siempre provocan tensión entre los gobiernos y los poderes criminales que se
mueven en las regiones. La sustitución por la vía de los votos de personajes
corruptos o sometidos al interés de los grupos criminales trae un proceso de
ajuste a través de la coacción y la intimidación de los gobernantes.
Por eso, desde hace unos años hemos
visto como crece el interés de estos grupos en influir en la definición de las
candidaturas de los partidos y la operación el día de la elección para que “su
gallo” sea el más votado en las elecciones estatales y municipales, incluso en
algunos casos, de las elecciones legislativas.
En lo que va de este sexenio el
gobierno de la 4T ha sido cauteloso y eso si lo vemos por el incremento de los
homicidios dolosos ligados al crimen organizado, podemos afirmar que la
política de seguridad pública no ha sido la esperada con la creación de la
Guardia Nacional y el mejor ejemplo es que el gobierno de la 4T ha tenido que
echar mano de la total militarización “hasta mayo de 2024”, buscando de esta
manera abatir el alto número de crímenes dolosos.
Entonces, si la militarización de
la seguridad pública se da porque el gobierno federal ve en ella la salida, la
colaboración con las agencias estadounidenses podría ser el eslabón que cierre
el anillo y eso termine por reducir su capacidad de acción de esta y otras organizaciones
que tienen y tendrán un arco amplio de oportunidades cuando se reactive la
economía y vayan a la caza de empresas que han quebrado o están en bancarrota
en espera de dinero fresco.
Y en esa apuesta de operación, no
se puede descartar una escalada de violencia contra los cuerpos de seguridad,
como también contra los políticos en funciones de gobierno.
Los acontecimientos de Colima,
entonces, no pueden ser descartados como parte de la respuesta que tiene una
colaboración en las altas esferas de la burocracia binacional y como siempre
sucede los costos, frecuentemente, se pagan localmente.
Al tiempo.
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