LA TORMENTA PERFECTA


Quirino Ordaz lo dijo claro en una entrevista con el staff del noticiero Línea Directa: el pago de la quincena pasada al personal de la UAS se hizo porque el gobierno federal “desbloqueo” los 50 millones de pesos retenidos “por las broncas que la UAS tiene con la SEP”.
En la UAS seguramente se dirá que se impuso la cordura y recibió el dinero que “ilegalmente” le tenían retenido para el pago del personal académico y administrativo, sin embargo, la “bronca” seguirá y está aparecerá nuevamente cuando el gobierno del estado apremiado por las circunstancias excepcionales podría volver a retener la deuda de los 50 millones de pesos si el gobierno federal decide volver a retener por las mismas razones.
Existen a mi juicio dos maneras de analizar la falta de esos 50 millones de pesos para cubrir los salarios y prestaciones del personal activo y jubilado de la UAS:  Una, cómo lo razona el rector reduciéndolo a un asunto de caja donde se retuvo esa cantidad que la universidad adeuda luego del préstamo por 200 millones de pesos para resolver el problema de liquidez en diciembre y estaba calendarizada su devolución a tenor de 50 millones mensuales;
Y la otra, que los funcionarios de la UAS no terminan de satisfacer las exigencias de ajuste presupuestal del gobierno federal o peor, que hay la certeza en la SEP de que no se están usando correctamente los recursos públicos.
Ambas vertientes confluyen creando una tormenta perfecta en medio de la emergencia nacional pues la institución no tiene dinero para cubrir sus obligaciones contractuales y las cuentas que tendría el gobierno federal no le favorecen.
Entonces, si las cosas son así, lo del pago de la noche del pasado miércoles es un paliativo momentáneo que no permite volver a la normalidad financiera.
Las autoridades rosalinas han dicho hasta el cansancio que el problema de la UAS está en que la SEP nunca ha reconocido la jubilación dinámica que de acuerdo con el Contrato Colectivo es un derecho que tienen sus trabajadores. Sin embargo, está no existe desde el rectorado de Héctor Melesio Cuén, cuándo se eliminó de la normativa para el personal nuevo ingreso. Los que vienen disfrutando de la prestación son los trabajadores que entraron antes de la administración de Cuén Ojeda, sin embargo, la resistencia de la SEP de pagar esa “otra” nómina explica una parte el problema de liquidez de la UAS.
Para nadie es desconocido que la UAS en 2012 parió un partido político integrado principalmente por estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y funcionarios. Así lo demuestran los nombres de sus dirigentes donde están dos exrectores y la larga lista de candidaturas a cargo de elección popular de 2013 a 2020 que han pervertido la esencia universitaria. Esta anomalía coincide con el comportamiento errático de la plantilla laboral registrada en el Portal de Transparencia.
Cuando llega Cuén Ojeda a la rectoría en 2005, ese año la UAS cierra con 2, 085 jubilados y 8, 628 personal activo y al terminar su gestión en 2009 hay 3, 135 jubilados y 9, 638 activos. Las tareas más fuertes de construcción del PAS fueron en 2012 después del fracaso electoral cuando el exrector se postuló por primera vez al Senado de la República bajo el emblema del PANAL. Ese año cierra de acuerdo con las cifras oficiales con 3, 508 jubilados y 10, 614 activos. Hasta aquí podríamos decir que hay una evolución “normal” tanto de jubilados como activos. En siete años (2005-2012) los jubilados se habían incrementado en 1,423 mientras los activos 1,986.
Esta tendencia se sostiene hasta octubre de 2015 cuando hay 4,156 jubilados y 11, 690 activos. Pero a partir de ese año algo ocurre, y hay quienes lo asocian a las necesidades electorales del PAS, cuando se dispara a 6,525 jubilados y 17,669 activos que dan un total de 24,194. Está tabla desapareció del portal y el 20 de marzo del año en curso se puso otra con los siguientes datos: 4, 519 jubilados y 14, 521 activos que dan un total de 19,040. Y en un documento oficial que circuló en los medios el rector habló de que en la UAS había un global de 17, 000 entre activos y jubilados.
Para tener otro punto de referencia en 2012 y solo con el personal activo, el año de registro del PAS, había como ya lo dijimos era de 11,690 y en la tabla desaparecida ya había 17,669 mientras en la vigente 14, 521 activos.
¿Cómo explicarle racionalmente a la SEP y a la SHCP esa volatilidad de la plantilla activa? ¿cómo justificar un mayor presupuesto con estos números cambiantes? y ¿hasta dónde estas inconsistencias meten en un brete al personal activo y jubilado que lo único que desea se garantice el salario?
Seguramente es ahí donde radica parte de la “bronca” que señala el gobernador y que el rector busca darle la vuelta, en lugar de sentarse nuevamente con los funcionarios federales, para justificar entre otros temas lo de la plantilla, el presupuesto y la población estudiantil real.
No se puede seguir con la visión engaña bobos: “Nos sorprende que haya retenido, de manera incorrecta y sin atribución jurídica alguna, un recurso estatal ordinario para cubrir un adeudo de carácter federal extraordinario…” y, menos ante la premura, pretender movilizar a los universitarios en estos días de emergencia sanitaria.
El problema está en el resultado de las auditorias federales que por cierto la única de la ASF ubicada en el Portal de Transparencia es la de 2012, es decir, hay ocho años sin este tipo de información: ¿Acaso desde entonces el gobierno federal no ha auditado el manejo del dinero público entregado? Imposible.
Más aún, cuando ha trascendido que a finales del año un equipo de auditores federales se instaló en la casa estudios para revisar el manejo de los recursos públicos federales. De los resultados de esa auditoria nada se conoce. Lo que si se sabe es que en una auditoria realizada en 2017 el déficit era de más de 1 500 millones de pesos. O sea, el acumulado del déficit es altamente probable que siga en aumento considerando la evolución de la plantilla de activos y jubilados.
A todas luces hay diferencias con las autoridades de la SEP. Recordemos cuando su titular vino a decir a Culiacán: “hay Universidades públicas que tienen dueño” y muchos universitarios le agregarían que tiene partido político, pero, al margen de percepciones sobre la llamada Universidad partido, hay elementos suficientes para pensar que detrás de los 50 millones de pesos existe en la SEP una toma de postura sobre el manejo financiero en la Casa Rosalina.
Seguramente no termina de convencer el manejo que se hace de los recursos públicos así que no sería descartable que el problema de los 50 millones persista en las siguientes quincenas o qué de una vez por todas se ejerza mayor control sobre la gestión financiera y académica de la UAS o de plano se finquen responsabilidades.
En definitiva, ante la situación inestable y en medio de la emergencia sanitaria, resulta necesario salir de esta suerte de callejón sin salida y esto solo es posible a través de la acción de los propios universitarios. Quienes analizando sin tutelajes construyan puentes para conocer lo realmente existente en la UAS y generar desde abajo, las soluciones pertinentes para no ser rehén en un litigio que lo hacen suyo y afecta a sus familias.
Al tiempo.

Texto publicado en el diario Noroeste el 5 de Abril de 2020 https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/Opinion-112717

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