Reflexiones sobre la universidad y el mantra trágico

 

Reflexiones sobre la Universidad y su mantra violenta(*).

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

Quiero iniciar estas reflexiones haciendo referencia a lo que ha sido un axioma durante dos décadas, es decir, un tema que en la Universidad Autónoma de Sinaloa no merecía discusión alguna porque para sus liderazgos políticos y comentocráticos era obvio por una razón de culto y solo se necesitaba un poco de fe o raciocinio, para convencer a quienes luego lo repetían como un dogma.

Me refiero aquella idea sostenida en espacios políticos universitarios y medios de comunicación de lo que sociológicamente designaban como caciquismo, es decir, un poder omnipotente, todopoderoso en el ejercicio del poder. Esto es que una voluntad está por encima de las instituciones y que siempre, siempre, es el centro de las decisiones.

Y es que suena muy atractivo para quienes no gustan mucho de ir al fondo y simplifican penosamente la realidad, mediante una categoría, pero, esa realidad es más compleja porque se inscribe en un sistema interinstitucional con actores, normas y regulaciones administrativas.

Durante años se habló de cuenismo -y, ahora, quizá, se hable de poscuenismo que por lo que se ve en un segmento de los comentarios en las redes sociales poselectorales- cómo si eso, inmediatamente explicará todo, -yo mismo caí en ese facilismo sociológico, en mis escritos periodísticos y en algún ensayo académico- hasta que me di cuenta de que era un recurso inflamado de emotividad, ideología, subjetividad, animadversión, molestia y medio de lucha contra el grupo en el poder de la Universidad.

Y en rigor, con la reelección de Jesús Madueña Molina habría que darle la vuelta a ese facilismo sociológico para salir de ese mar de fijaciones psicoanalíticas que obnubilan el entendimiento cuanto pretenden una reedición del discurso del caciquismo universitario.

Ciertamente Héctor Melesio Cuén Ojeda llegó a tener un gran poder en la Universidad incluso fuera de ella, sin embargo, ese poder que para algunos o, muchos de sus detractores, era omnipotente, estaba sujeto a una serie de reglas que funcionaban como contrapeso a sus propias ambiciones de poder, incluso, eso fue aprovechado por sus adversarios para combatirlo y organizar una oposición que obtuvo más de 14 mil de los aproximadamente 120 mil votos efectivos emitidos por una u otra opción en las recientes elecciones “democratizadoras”.

Y es que una Universidad, como la Autónoma de Sinaloa y el propio Estado, a lo largo de su historia ha construido un sistema complejo que rebasa a una persona o un grupo de poder. De manera que, si bien estas personas o grupo de poder llegan a ser muy influyentes en la organización y funcionamiento institucional tienen un margen relativo de operación y control, al final del día, tienen que rendir cuentas ante las instancias competentes lo que destruye el mito de la omnipotencia.

Este u otro liderazgo no pueden hacer lo que se les antoje, porque son parte del sistema nacional educativo y tendrían que cambiar la ley, para hacerla a su imagen y semejanza, cosa que Cuén Ojeda, no hizo, por el contrario, promovió una reforma que sacudió de los restos del modelo de la Universidad democrática, crítica y popular (UDCP) que la sitúo entre las universidades con el más bajo rendimiento del país.

Y ante ese drama educativo en las llamadas “universidades rojas”, como solía identificarlas Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública, durante el mandato de Miguel de la Madrid, vinieron iniciativas de reforma desde los tiempos del rectorado de Jorge Medina Viedas, para avanzar en la despartidización de la educación superior en esas instituciones que tuvo como momento de esplendor en 1985 cuando el seccional universitario del PSUM se dividió entre “culteranos y visigodos” postulando al cargo de rector a Liberato Terán y a Audomar Ahumada, respectivamente, donde el aparato partidario se impuso a los también llamados rosalinos.

Así, los principios constitucionales y reglamentarios fueron parte de la disputa por los votos y es que aquellos debían cumplirse de tal manera que las funciones sustantivas de la Universidad se cumplieran con mayor o menor eficiencia y, mejor, que, hubiera productos profesionales dignos de competir con los de otras instituciones de educación superior.

Al final es lo que legitima cualquier tipo de poder en esta u otra institución educativa. Recordemos a Max Weber cuando hablaba de los tipos de legitimidad. Uno de ellos es la legitimidad racional. Esto, es, qué los individuos, como las instituciones públicas, cumplan con sus funciones que por ley le corresponden y estén sujetos a la rendición de cuentas.

Y en ese sentido la Universidad, si bien tiene subsistemas, que caminan en ese cumplimiento con distintas velocidades de eficiencia terminal, logró en las últimas décadas un lugar importante en el paisaje de las universidades públicas, especialmente, entre las de la provincia mexicana. No lo digo por simple voluntarismo, sino lo destacan los sistemas de evaluación.

La UAS, ha transitado de ser aquella universidad ineficiente, radical, ideologizada a otra institución más racional y eficiente, de manera que obtiene reconocimientos nacionales e internacionales y no se diga, en lo individual, también sus académicos, artistas y estudiantes (ejemplos, de ello son la distinción de estar entre las tres primeras universidades del país de acuerdo con el Ranking Mundial de Universidades y los más de 500 miembros activos en el Sistema Nacional de Investigadores)

El asunto es que para que funcionara todo este andamiaje institucional se requería, al menos así lo pensó el grupo dirigente, tener un poder fuerte para enfrentar a los rentistas del viejo y languideciente modelo de la UDCP y a sus aliados de fuera de la institución.

Y esto, la oposición de la izquierda tradicional, lo consideró inaceptable. En su imaginario consideraban o consideran estratégicamente que debía haber circulación de las élites dirigentes para tener oportunidad de volver al poder y para eso había que cambiar las reglas del juego y, cómo veremos, se cambiaron, no cómo algunos académicos destacados lo propusieron en sus iniciativas de reforma universitaria sino en la lógica del poder político.

Y bajo esa idea básica del poder durante años esa oposición machacó el argumento de que la Universidad estaba capturada por Cuén y el cuenismo lo que era relativamente cierto. Y decían sotto voce: “hay que echarlos fuera por la buenas o por las malas” (y ahora, sabemos, que fue a la mala, la peor, la de las balas).

Y ese insumo ideológico es lo que explica la tensión qué se creó entre el exrector y el gobernador, Rubén Rocha Moya y, el también exrector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, que próspero primero a través de un intento fallido por convertir la Ley General de Educación Superior en una chapuza estatal a fin de otorgar atributos locales que no tenía una ley general, constitucional, para todas las instituciones de educación superior.

Esto dio pie para que las autoridades de la Universidad se defendieran con la ley en mano ante las instancias competentes mediante amparos dada la inconstitucionalidad de la reforma local y lo hicieron exitosamente obteniendo amparos definitivos frente a la iniciativa del Congreso del Estado.

Y evidentemente no gustó al gobernador Rocha Moya, no gustó a la mayoría del Congreso del Estado, no gustó al Poder Judicial del Estado y mucho menos, a sus detractores institucionales y operadores políticos, por lo que se inició la persecución política a través de la FGE que abrió expedientes por presuntos delitos.

Esta idea la compraron universitarios honestos de que la Universidad estaría mejor bajo las directrices del llamado “progresismo woke” que, recordemos, parte del principio contra una supuesta o real discriminación en la conducción de la Universidad.

Todavía, mejor, que toda necesidad debe traducirse en un derecho, como si los recursos del Estado fueran inagotables.

Se acumuló una decena de juicios que buscaban presionar a las autoridades universitarias y, en particular, a los funcionarios en capilla para que aceptaran tanto la reforma constitucional, como la reforma a la ley orgánica de la Universidad.

Sin embargo, la Universidad, resistió, con la defensa jurídica y movilizaciones tumultuarias detuvieron la embestida del Gobierno del Estado que no contaba con mayor apoyo social cuando las llamadas fuerzas vivas del estado se mantuvieron al margen y solo medios y articulistas comprometidos con el poder acompañaron esta campaña histórica e histérica contra la UAS.

Un hecho, qué si hubiera ocurrido en otras circunstancias, no hubiera pasado de ser un conflicto estatal, sin embargo, no fue así, porque involucró al exrector Cuén Ojeda.

Los acontecimientos de la mañana 25 julio de 2024, cuándo se secuestró al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada García con fines de extradición a los Estados Unidos y en el acto, así lo hizo saber Zambada García, en una carta hecha pública, asesinaron a Cuén Ojeda.

Y recordemos que el Gobierno del Estado a través de la FGE se vio involucrado en un montaje y en actos ilegales, que buscaban crear una verdad histórica. Pero no resultó. La carta de Zambada García y las indagaciones de la FGR mostró ese montaje y la intención de manipular los hechos.

Han transcurrido desde entonces casi 11 meses y las investigaciones no han prosperado. Recientemente el fiscal general Alejandro Gertz Manero, ha salido al paso a preguntas de la prensa para expresar que si no se ha avanzado en las investigaciones es porque un juez federal de Culiacán, del cual no se conoce el nombre, ha resuelto no judicializar el caso por no contar con suficientes elementos. Esto indica que estamos probablemente ante un carpetazo judicial y quedara una sombra sobre estos sucesos que ensombrecen la justicia sinaloense.

Bajo estas circunstancias los directivos de la Universidad siguieron presionando y lograron interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum quién, sensible políticamente ante la situación de violencia que se vivía desde entonces en Sinaloa, acercó las posiciones en conflicto para llegar a un acuerdo entre las partes para evitar probablemente eventos lamentables mayores.

Fue así como la Secretaría de Gobernación sentó a los representantes del gobierno de Sinaloa y a las autoridades universitarias, para acordar tanto la reinstalación de Jesús Madueña Molina en el cargo de rector, cómo la aceptación por parte del Consejo Universitario de una ley orgánica ajustada a principios constitucionales, pero, con ingredientes del progresismo político (democracia, paritarismo, género, gratuidad).

Si hacemos caso a este tipo de posicionamientos estamos claros que se impuso la lógica política por encima de la académica. Lo cual representa un retroceso pues la reforma vino de fuera no como producto de una discusión racional y sustentada en los valores de una institución pública de educación superior.

Y más, cuando ponemos atención en las cláusulas de la ley orgánica, más importantes qué tienen que ver con una visión del “progresismo” sobre la Universidad.

Si partimos de que las actividades sustantivas de la Universidad tienen como principio inalienable la docencia, la investigación y la extensión universitaria, bajo criterios científicos, la idea de la democratización de la Universidad podría ir en sentido contrario.

Y es que la democratización y el igualitarismo está probado durante décadas en esta Universidad qué es un contrasentido. Implica una constante movilización de los estudiantes -eje de la reforma- en la elección de los cargos universitarios especialmente de los estudiantes de las preparatorias que alcanzan más del 70 por ciento de la nómina universitaria. Lo cual inyecta un activismo y una lucha por el poder, que los universitarios más viejos ya vimos, en escuelas, facultades y centros de investigación, con resultados lamentables.

Esa politización de la vida universitaria -que, dicho de paso, no significa estar en contra de que los universitarios participen en política porqué, así como la universidad tiene sus competencias, la arena político electoral, tiene los propios, con sus principios constitucionales y reglamentarios-, así, si los méritos de los partidos políticos, son obtener votos, conquistar el poder, traducir los votos en políticas públicas, los de las universidades, son los méritos a través de la investigación, la docencia, las carreras académicas, los títulos de grado, las distinciones y, sobre todo, la eficacia y eficiencia en el ejercicio profesional.

Entonces, la disputa por la Universidad, desde el poder político no puede ser otra que la captura de la Autónoma de Sinaloa. Y lo hemos sostenido durante algún tiempo es que, si este modelo de captura funciona, probablemente, se hará extensivo, no me queda duda, al resto de las universidades públicas del país.

Ese es el riesgo que la Universidad se vuelva una arena política o, peor, centros adoctrinamiento político de triste memoria.

La Universidad y, lo ha declarado el rector Madueña Molina, entrará en un proceso de democratización y será su tarea garantizar que no signifique la perdida de la autonomía todavía resuena aquella declaración de fe universitaria cuando afirmó con vehemencia: ¡No seré yo, quien entregue la autonomía universitaria!

 Esta un camino de cuatro años por delante y habrá tiempo para observar cómo se acomodan las piezas de la siguiente elección de rector, pero, antes, la de consejeros técnicos y universitarios, directores de escuelas y facultades en un ambiente festivo porque cuando se habla de democracia se habla de participación y eso, siempre, trae consigo una atmósfera de emociones de triunfo o derrota.

Y quizá, por eso, cuando le preguntaron al gobernador Rocha Moya que pensaba sobre el proceso de sucesión declaró dos cosas importantes: Una, que el rector Madueña Molina, tenía derecho de participar y reelegirse y, la otra, qué lo más importante, era la puesta en operación la nueva ley orgánica de la Universidad y tuviera carta de naturalización.

No importaba el corto plazo. Al final de cuentas, el rector Madueña Molina, ha dicho que él democratizará la Universidad. Es decir, quién, mejor que él, para legitimar el proceso de cambio si tiene el apoyo del Consejo Universitario.

Sin embargo, quienes sabemos de las transiciones institucionales deben ser graduales y con un gran protagonismo de quienes conocen y tienen mayor legitimidad en la institución nos resulta preocupante la agenda que llega de fuera.

Aclaro, no estoy en contra de la acción de los partidos, ni contra la construcción de acuerdos políticos, sino contra la captura partidaria de la Universidad. Ahora, menos, que han transcurrido más de 2 años de conflictos que probablemente agotó parte de las reservas de la Universidad y todos los uaseños parecieran querer estabilidad en su institución. Y en el imaginario colectivo consideran que no le puede suceder algo mejor a la Universidad que continúe como rector Madueña Molina y ahí, están, como prueba de esa voluntad los 105 mil votos que recibió su candidatura.

Este acuerdo político termina con el conflicto que inició en febrero de 2023, y conlleva, salvo mejor opinión, por un lado, la aceptación y aplicación de la ley orgánica de la Universidad, lo cual significa la suspensión de todo tipo de movilización y la regularización de lo que esto encierra, por el otro lado, seguramente, en el corto plazo, podrían retirarse los expedientes judiciales y todo quede en ese pago millonario, que deberán cubrir los funcionarios universitarios.

Una reflexión que desprendo de mi texto La reforma trágica publicado en el número 113 de la revista Politeia y que nos tiene aquí junto con César Velázquez, además, de Alfonso Carlos Ontiveros Salas, que ha escrito una excelente retrospectiva crítica de la lucha de los universitarios de antaño y de hoy.  

Y dicho de paso debería leerlo todo universitario, para saber de dónde viene y hacia dónde va nuestra Universidad (artículo Estatus y perspectivas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Politeia, 113) lo que obliga a que con generosidad intelectual revisemos nuestras categorías y conceptos para el análisis de instituciones complejas como es la Autónoma de Sinaloa.

Finalmente, la UAS en los últimos 50 años, ha vivido movilizaciones y procesos de cambio muy intensos que no voy a narrarlo pues, para eso, está el ensayo de Alfonso Carlos, me interesa destacar una anomalía terrible para cualquier Universidad, como es la muerte violenta de algunos de sus miembros:

El 7 de abril de 1972, fueron asesinados los estudiantes Juan de Dios Quiñónez Quiñónez y María Isabel Landeros en la lucha contra armientismo; un poco más de un año después, el 17 de mayo de 1973, caen en el edificio central de la UAS, Carlos Humberto Guevara Reynaga y Pablo Ruiz Guevara por las balas de los llamados “enfermos” de comunismo y el 25 de julio de 2024, es asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda y está pendiente el total esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores intelectuales.

Eso, sin mencionar las decenas, quizá cientos, de universitarios fallecidos que ha dejado la violencia criminal de las últimas décadas y que solo recuerdan sus familiares y amigos.

Acaso, pregunto, ¿será el mantra, que acompaña nuestros procesos de resistencia, lucha y cambio universitario?

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(*) Versión definitiva del texto leído en la presentación de la Revista Politeia en el marco de la Feria de la UAS (FeliUAS) 24 de marzo de 2025.