La ONU, TOCA LA LLAGA DE LOS DESAPARECIDOS

 

La ONU, TOCA LA LLAGA DE LOS DESAPARECIDOS

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

Pelear con la ONU, no es buena idea; descalificar a la ONU, es una peor idea; atacar a la ONU, exhibe el ego del gobernante y pedir sanciones para el mensajero, es un despropósito mayúsculo.

No hay que olvidar que la ONU fue creada en 1946 para evitar que escalen los problemas y para ello, con el paso del tiempo, se fue robusteciendo con organismos especializados destinados a alertar cuando se presentaban conflictos en las distintas regiones del mundo de manera que los problemas fueran irresolubles garantizando la salvaguarda de los derechos humanos.

Y, justamente, la aparición en escena del Comité contra la Desaparición Forzada en México no es la excepción. Y es que este comité especializado ha emitido en los últimos años varios informes y comunicados sobre la situación de las desapariciones forzadas en México.

El más reciente señala qué estas violaciones de los derechos humanos son “sistemáticas y generalizadas”. Documenta más de 127 000 personas desaparecidas, más de 5 600 fosas clandestinas y una crisis forense, con 72 000 cuerpos sin identificar.

Ante una anomía de esa magnitud el Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ese artículo le permite al Comité llevar el caso a la Asamblea General de la ONU con carácter urgente.

Y textualmente señala: “Si el comité recibe información que parezca contener indicios fidedignos de que una desaparición forzada se está practicando de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un estado parte, el Comité podrá someter el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas por conducto del secretario general…”.

La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum de inmediato declaró “lo primero, lo rechazamos. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, no existe en México, hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo”.

Y esta narrativa es la que han sostenido distintos actores políticos con el objetivo de que el tema no llegue a la Asamblea General. Incluso, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, ha sostenido que las declaraciones de Olivier Frouville, presidente del Comité son “irresponsables y temerarias”. Y, amenaza, con presentar un recurso legal ante instancias de la ONU para exigir sanciones contra el funcionario, es decir, quiere castigar al mensajero.

La oposición, por su parte, como corresponde reconoce la existencia de las desapariciones forzadas y apoya la intervención del organismo internacional.

Al margen de los posicionamientos del oficialismo y la oposición, están los directamente afectados, las familias de los desaparecidos que ven con buenos ojos visibilizar el drama mexicano.

No hay que olvidar la función que cumple la ONU como garante internacional de los derechos humanos. Y el hecho que visibilice esta crisis es una oportunidad para que el gobierno fortalezca sus instituciones y los procesos de justicia.

Y están los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y las declaraciones de las personas que directamente han sido afectadas y hay registros oficiales donde los familiares aseguran que se los llevaron los servicios de seguridad del Estado.

 Entonces, hay que apelar al interés público y al deber del Estado en este drama humano y no salirse por la tangente. No se trata de afectar al gobierno sí no mostrar que, independientemente de los signos políticos de un gobierno, es tarea de la ONU visibilizar el problema de los desaparecidos en forma forzada como ya lo hizo Bosnia-Herzegovina después de la guerra de los Balcanes.

Eso lo deben entender los líderes políticos para buscarle una salida al problema que reconocen además que existe. No será querellándose contra el organismo como se mejorará la posición de México, por el contrario, los ataques al organismo muestran que querrían invisibilizarlo. Peor, lo expresó Rosario Piedra quien no hace mucho tiempo pedía la presencia del Comité y ahora pontifica diciendo, “los organismos internacionales no tendrán injerencia en México”.

Y es que la alerta tiene un significado muy especial para un gobierno que se autodefine como de izquierda. Lo dice la presidenta Sheinbaum cuando señala “contra eso luchamos” y, precisamente, por eso es por lo que se debería apoyar el trabajo de este organismo.

No se debe olvidar que los primeros intentos por contar con protección contra la desaparición forzada se remontan hasta los años 70 cuándo las dictaduras militares latinoamericanas secuestraban, torturaban y desaparecían ciudadanos.

Y organismos sociales como el de las Madres de la Plaza de Mayo de Buenos Aires fueron pioneros de estas luchas que abrazaría solidariamente la izquierda latinoamericana.

Entonces, no debería actuarse, como si la ONU, fuera enemigo del gobierno mexicano -eso, hay que dejárselo a las dictaduras militares- sino que reconociéndose como gobiernos progresistas deberían estar preocupados por garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Ciertamente en México tenemos un problema de crimen organizado, muchos de los crímenes que se cometen tienen que ver con sus cárteles, pero, también, las fuerzas seguridad del Estado que no son ajenas a las desapariciones como lo documenta los testimonios de la prensa y las familias. El sentido común llamaría a reconocer el problema en todas sus dimensiones de manera de poder empezar a sanear la relación entre Estado y sociedad.

Hay antecedentes en el Comité 1968 que durante años exigió que los políticos involucrados en el genocidio de aquel año fatídico fueran llevados ante la justicia. Y guardando las proporciones estamos hablando de lo mismo: la protección de los derechos humanos.

El gobierno mexicano debería reconsiderar su postura frente la ONU porque al hacerlo trasmite la idea de que busca desviar la atención del tema de fondo y exhibirse ante el mundo como poco institucional en los compromisos qué tiene como país parte, con el mundo y, sobre todo, con sus ciudadanos.

Pregunto, ¿para qué hacer desfiguros usando ese lenguaje insensible, prohibitivo y amenazante?