LA MESA DE NEGOCIACIÓN EN GOBERNACIÓN
LA MESA DE NEGOCIACIÓN EN GOBERNACIÓN
Ernesto Hernández
Norzagaray
Un Estado constitucional y la
existencia de políticos responsables siempre serán los antídotos más eficaces
para prever y resolver conflictos entre gobiernos e instituciones autónomas.
La ley debería ser la solución,
pero justamente una ley inconstitucional aprobada por el Congreso del Estado es
lo que ha provocado la mayor tensión en los últimos cuarenta años entre el
gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Y es que, habiendo una ley
general de instituciones de Educación Superior se busca una “curvita” para estar
por encima de aquella -dicho de paso, el nuevo rector de la Universidad Autónoma
de Occidente (UAO), la ha aceptado sin más y próximamente el Congreso del Estado
reformará la ley orgánica donde seguramente la autonomía quedará como un simple
pegoste para volver de facto a su nombre original: Universidad de Occidente.
Y, en eso está el gobernador,
desde hace más de un año con todo su poder buscando desaparecer la autonomía de
la UAS y que sus funcionarios, rindan cuentas, no al Consejo Universitario como
lo marca la ley orgánica sino al titular Ejecutivo y al Legislativo en turno.
Se, que esta afirmación, inmediatamente,
se atajara con el argumento de la presunta corrupción en que han incurrido
funcionarios universitarios que en caso de haber sentencia deben ser sujetos a
penas si se les encuentra culpable a través de un juicio sin interferencias
políticas.
Sin embargo, la autonomía y delitos
no es lo mismo, el asunto de la autonomía universitaria está previsto en el
artículo tercero de la Constitución y la ley reglamentaria que curiosamente es
la ley Rocha porque nuestro gobernador fue el artífice siendo senador de esta legislatura.
En tanto, el tema de la presunta corrupción
debe acreditarse ante la autoridad competente y está tiene que ver con personas
físicas o morales. Y, hasta ahora, no se ha cerrado ningún caso con su
respectiva sentencia por las razones que gusten. Estamos en el limbo de lo
político.
Y es que, por un lado, tenemos a
un gobernador que atiza todos los días el fuego de la discordia haciendo
señalamientos duros contra funcionarios y líderes universitarios, mientras las
autoridades universitarias, están permanentemente movilizada ante lo que
consideran un atropello, un acto de “persecución política”, una obsesión
autocrática.
Y la pregunta que nos hacemos
muchos universitarios activos o inactivos: en el caso de la autonomía ¿la
solución será jurídica o política? y en los presuntos delitos cometidos contra
el patrimonio universitarios ¿seguirán su curso como hasta ahora con un juez a
todas luces parcial o irán en paquete en la negociación política? o solo ¿el
gobernador vencer y la foto del rector Jesús Madueña y a otros funcionarios cruzando
el umbral del penal de Aguaruto?
Los universitarios, como lo vimos
el viernes y sábado antepasado en Mazatlán buscan una solución política y han
dado un paso en esta dirección cuando han obtenido del presidente López Obrador
el compromiso de una mesa de negociación en la Secretaria de Gobernación donde
estarían las partes en conflicto y las mediadoras que son la propia secretaria
del ramo y la UAS además Luciano Concheiro, el subsecretario de Educación Superior,
para buscar una salida al conflicto que se inició hace más de un año y no se ve
la salida por la polarización.
Comentaba con un profesor de ciencia
política de la UNAM, conocedor de este tipo de asuntos en la secretaria de
Gobernación, que vino a impartir un modulo en el Diplomado de Análisis Político
que está en curso en Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán y me expresaba,
con cierto escepticismo, que fuera lograrse algo en la mesa de negociación de
la Secretaría de Gobernación porque, dice, que esas mesas de negociación lo
único que hacen, sino hay voluntad política, es que el asunto se pudre por cansancio
e infructuoso.
Sin embargo, le argumentaba, que este
conflicto era distinto a otros casos que seguramente traen a los actores a vuelta
y vuelta por la Ciudad de México, hasta que un día ya no regresan o el asunto,
como reconoció el propio presidente López Obrador como es “estatal”, se regresa
sin solución a las instancias locales. O sea, sino hay señales previas
probablemente la mesa este destinada al fracaso.
No obstante, los dirigentes de la
UAS y ahí la diferencia, tienen una estrategia en tres escenas: la defensa
jurídica, la negociación política y la movilización social capaz de elevar el
nivel de tensión mientras el gobernador, cómo ha declarado a la prensa, la estrategia
jurídica luego de los intentos fallidos por tener un caballo de Troya en la
casa rosalina.
Y eso, en tiempo electoral, podría
tener un efecto de incertidumbre para la estabilidad del estado.
Por lo pronto, iniciada la
negociación política que no tiene fecha algunas cosas podrían pasar, si es que
no fue una salida del presidente ante la presión momentánea de los
universitarios que, sin duda, provocaron uno de los peores momentos que puede
vivir un gobernador, cuando al unísono cientos universitarios le gritaban en su
cara “fuera Rocha”, “traidor”.
Y es que, por cuestión elemental,
en el marco de la negociación los procesos jurídicos contra funcionarios podrían
entrar en impasse para dar garantías a la Universidad de que no habrá turbulencias
que empañen la búsqueda de acuerdos para poner finiquitar el conflicto.
Vamos no se puede negociar
teniendo unas esposas en mano. El gobernador, tendrá que dar un paso atrás para
mostrar voluntad política y no hacer quedar mal al presidente.
Mostrar que es un negociador lo que
será muy preciado cuando inicien las campañas electorales presidenciales -o,
sea, antier, estamos en domingo- y es que, por lo que vemos los universitarios
están dispuestos a ir a todas las acciones que le den visibilidad al conflicto.
Aquí se trata de ganar tiempo.
Así que, no hay que descartar, que
si no se celebra o no avanza la negociación los universitarios redoblarán la
movilización y se harán presentes en el proceso electoral.
O sea, el gobernador como
estratega deberá calcular bien sus pasos a partir del 1 de marzo. Y es que, es mejor, tener a los lideres universitarios
sentados en una mesa de diálogo y negociación a que estos sigan hostigando en
la plaza y los actos públicos.
En definitiva, la promesa del
presidente López Obrador debe rendir frutos porque en toda negociación debe
imperar la voluntad, los argumentos y la conciencia de ceder algo para llegar
al mejor acuerdo posible, de lo contrario, el conflicto escalara y eso, no
beneficia a este gobierno, a la Universidad o la vida pública sinaloense.
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