LA UAS, DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
LA UAS, DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Ernesto Hernández
Norzagaray
Ya lo razonamos en otra
colaboración la embestida contra las autoridades de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, podría ser un laboratorio de un proyecto político de captura de las instituciones
estatales de educación superior.
La conversión del artículo
tercero constitucional y de la ley General de Educación Superior que garantiza
la autonomía universitaria en un bodrio legislativo que pretende desaparecerla
para ponerla al servicio del grupo gobernante en turno -Sinaloa, está gobernada
por Morena- ha provocado una tensión derivada del abuso de poder del gobernador
Rubén Rocha Moya quien, con una visión autocrática, pretende tener control
absoluto de las instituciones del estado.
Ya lo ha hecho con el Poder
legislativo y el Judicial, que, para muchos universitarios, dicta órdenes y crea
el problema con el grupo dirigente de la UAS con quienes había ido alianza electoral
en 2021 bajo la fórmula Morena-Partido Sinaloense y contribuyeron haciéndolo gobernador.
Así, el pasado martes, un juez de
control suspende temporalmente a Jesús Madueña Molina, Rector de la máxima casa
de estudios de los universitarios sinaloenses, bajo el supuesto de que él junto
con otros cuatro funcionarios representan un obstáculo para realizar investigaciones
sobre presuntos actos de corrupción en la institución rosalina.
Este conflicto se inició en
febrero de este año cuando habiendo fallado la seducción del gobernador para
que Madueña Molina accediera aceptar el proyecto de la inconstitucional ley de
Educación Superior del Estado de Sinaloa dio el siguiente paso -que, dicho de
paso, es producto de una incongruencia, la Ley General de Educación Superior
vigente es una hechura del gobernador cuando como senador presidió la Comisión
de Educación- intervino la mayoría morenista en el Congreso del Estado para realizar
las reformas a la Constitución local y su ley reglamentaria que, entre otras
disposiciones, establece que en lo sucesivo las autoridades universitarias deberían
aceptar la interferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo en los asuntos
universitarios.
Que representaba simple y
sencillamente institucionalizar la violación de la autonomía universitaria y,
desde entonces, aumentó la tensión entre el gobierno del Estado y la
Universidad, que con la separación del Rector alcanza el nivel de alarma en el
ámbito nacional y se fortalece la hipótesis de que está en marcha el proceso de
captura de la UAS y de ahí, para adelante, el resto de las universidades públicas
estatales.
Ante tal despropósito político el
pasado miércoles las autoridades universitarias y los sindicatos realizaron
movilizaciones en los 20 municipios del estado y se calcula que participaron,
aun con las inclemencias de clima prehuracanado, más de 100 mil universitarios
en la calle en defensa del rector Madueña Molina y la autonomía universitaria.
Incluso, por el interés que
suscitó la movilización dentro y fuera del estado, se calcula también que cientos
de miles de cibernautas siguieron las marchas a través de las redes sociales lo
que estaba pasando en las calles sinaloenses.
Ante esta alarma de emergencia la
ANUIES emitió un pronunciamiento en defensa del Rector Madueña Molina y, de la autonomía
de la UAS, al reconocer que es el Consejo Universitario la única instancia con
competencias legales para suspender al titular de la máxima casa de estudios lo
que significa que ven arbitrariedad y abuso del gobierno de Rubén Rocha Moya y
por ello, llaman a reconsiderar su actitud y buscar una salida institucional al
conflicto.
En el mismo tenor las autoridades
de la UNAM se pronunciaron por su vocación institucional la proximidad de la
sucesión de Rector y los pronunciamientos en contra que ha hecho el presidente
López Obrador. Expresamente señala: “La decisión de carácter judicial mediante
la cual se habría separado al Rector representa una inaceptable intromisión en
la vida universitaria y una clara violación a la autonomía de la UAS, en
virtud de que su designación y remoción es una prerrogativa exclusiva del del
Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución, tal
como lo dispone su Ley Orgánica. En este sentido, corresponde exclusivamente al
Consejo Universitario determinar lo conducente, y no a una orden de autoridad
judicial que pretende atropellar el principio de autonomía universitaria
consagrado en la Constitución Política de nuestro país”.
Tanto las autoridades de la
ANUIES, como las de la UNAM llaman a la conciliación entre las partes, sin
embargo, no es un asunto fácil si lo que hay detrás del gobernador y el
presidente López Obrador, es una concepción del poder que pasa por encima de
las disposiciones que regulan la vida en las universidades públicas.
Las UAS, no tiene mucho margen de
actuación, cuando lo que se le demanda es que renuncie a su autonomía y permita
que con un interés político el gobierno autocrático meta las manos en ella para
encontrar -y, seguramente, lo encontrara porque ese es el objetivo- que le
permite avanzar en el proceso de captura de la Universidad.
Claro, cabe también la
posibilidad de que ante la presión instalada ya en los medios de comunicación nacional,
los locales en su mayoría están bajo control, de un paso atrás para tomar aire
y enfilar una estrategia de distensión que tiene como punto de partida el
reconocimiento del abogado Robespierre Lizárraga, quien detentaba el cargo de secretario
general y conforme a la ley orgánica de la institución, es el “encargado de
despacho de la Rectoría” en tanto se resuelve el amparo que ha interpuesto el
Rector ante las instancias federales.
Sin embargo, no podemos olvidar
que la estrategia del gobernador y la fiscalía estatal han abierto expedientes
en contra de los más importantes funcionarios de la UAS y uno de ellos, es contra
Robespierre Lizárraga a quien se le acusa que como Director Jurídico de la
Universidad obstaculizó el acceso del personal de la Auditoria Superior del
Estado alegando, precisamente, que representaba una violación a la autonomía porque
la rendición de cuentas se hace normalmente ante la Auditoria Superior de la
Federación.
En definitiva, el conflicto
interinstitucional ha entrado a una fase donde los límites del estado le han quedado
estrechos y será más claro cuando veamos cual es la estrategia del obradorismo frente
a la sucesión en la UNAM y por lo pronto, lo que vemos, es que varios
morenistas y filomorenista han levantado el brazo para decir quiero e, incluso,
Claudia Sheinbaum tiene candidato (a) pero, eso, es otro tema con la misma
intención de captura.
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