PAÍS DE VACILADA

 PAÍS DE VACILADA

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

La conclusión de la UNAM de que el plagio de la tesis de licenciatura en que está involucrada directamente Yasmín Esquivel Masso, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la decisión de que no puede retirarle el titulo que le otorgó en 1987 porque eso es responsabilidad de la SEP y está, se manifiesta incompetente porque devuelve la pelota a la cancha de la UNAM, es un verdadero disparate.

Cualquier egresado de una Universidad pública o privada sabe que primero tiene que hacer es terminar satisfactoriamente las materias de un plan de estudios y elaborar una tesis profesional donde sistematice los conocimientos de una área de conocimiento de la profesión que haya escogido y la defienda a satisfacción de un jurado de profesionales y, una vez cumplido este trámite que suele ser administrativamente tardado por engorroso, el siguiente paso es ir a la ventilla de la Dirección General de Profesiones de la SEP para que está le proporcione una cédula que lo legitime para ejercerla.

Es decir, los campos están indisolublemente ligados, la Universidad certifica y la SEP autoriza para ejercer la profesión.

Esto que es el ABC de todos los días en las instituciones de educación superior y la SEP, resulta lamentable para la UNAM, el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea para todos los mexicanos que apostamos a un país de instituciones y sin corrupción, exige detener de inmediato este galimatías jurídico mediático y evitar convertirnos en un país de vacilada donde los agentes de las instituciones públicas son incapaces de resolver lo que a cada uno corresponde hacer  de acuerdo a su normativa o, mejor, ponerse simple y llanamente de acuerdo para proceder ante un acto corrupto.

El problema es que un delito que si le hubiera sucedido a cualquier hijo de vecino éste estaría literalmente en la calle, sin título, sin cédula profesional, o si ese hijo de vecino tuviera una pizca de dignidad, simplemente, hubiera abreviado todo aceptando el mal que había cometido contra su casa de estudios.

Pero, no es el caso de un hijo de vecino, es el caso de una ministra constitucional, y a las que las partes institucionales no les interesa hacer lo suyo administrativamente para evitar que la sombra negra que se cierne sobre la Corte crezca y ponga en entredicho la imagen y las resoluciones de la máxima instancia de justicia de la Nación.

Y dicho de paso, no puedo dejar de preguntar como muchos: ¿Cuándo los ministros de la Corte se pronunciarán sobre este tema que involucra a una de los suyas? ¿Cuándo se pronunciarán en un caso que podría llegar a tener consecuencias legales sobre las decisiones que adopte una mayoría de ministros? Mejor, o peor, pronunciarse ¿sobre aquellos votos que haya emitido la ministra Esquivel Masso y, que un tercero en discordia, podría argumentar legítimamente que ese voto no es válido luego del pronunciamiento de la UNAM? o, ¿sobre las acciones y controversias constitucionales que esperan pronta resolución en materia eléctrica, militarización o reforma electoral?

En tanto esa definición no ocurra, la ministra Esquivel juega la carta del vacío, es decir, ante el impasse que han generado el dúo institucional UNAM-SEP sale a declarar que ella “no renunciara ni pedirá licencia” porque no tiene “nada de qué avergonzarse” por lo que “seguirá participando en las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Es decir, amenaza, con seguir votando sobre la constitucionalidad de las reformas que están en la agenda de la máxima instancia de justicia de la Nación.

Este visto que no interesa la aplicación de la ley simple y llana y, tampoco, el decoro incluso la salvación institucional, lo que interesa demostrar entre la bruma verbal del presidente López Obrador es que el tema no es jurídico cómo afirma la UNAM, sino político, como lo dice claramente el presidente de la República cuando dice: “Hay una campaña, no solo por este caso… es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon el país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir, con todos los medios de comunicación convencionales para atacarnos por cualquier situación. Están desesperados que inventan, mienten, como respiran”.

Tan fácil sería, que el presidente asumiera un instante su discurso anticorrupción, pro-honestidad, en la función pública e hiciera un ejercicio, animando a que las partes se sienten y determinen que, en materia de corrupción, no hay diferencias con sus adversarios.

Entonces, no se ve la salida en el corto y mediano plazo, una vez más la legalidad será “cuestión de enfoque” y, eso, en un país polarizado es campo fértil para que figuras como la ministra en entredicho haga de las suyas y, con cierta dosis de osadía, rete a quien intente juzgarla y quitarle el titulo y, con ello, su posición privilegiada en la Corte.

Cierto, se podrá argumentar, que la Corte solo puede pronunciarse con base a las decisiones de otros poderes y, no en aquello que compete resolver a otras instituciones, cómo es el caso de la UNAM y la SEP, sin embargo, la postura de la UNAM llamaría a que esta exija una sentencia definitiva sobre si es válido el título con el que llegó y toma decisiones en las sesiones de la Corte.

En contra, se afirma, que los ministros de la Corte si pueden separar del cargo a una o uno de sus compañeros si hay falta de aptitud y eso, tiene que ver con el título al que obliga el cargo.

En tanto eso sucede, quienes inician acciones y controversias constitucionales, estarán sobándose las manos sobre el sentido de los votos de la ministra Esquivel Masso pues, abre, una ventana a los amparos en todos los casos que pudieran sentirse perjudicados algunos actores económicos, sociales o políticos y quieran aprovechar las fisuras que han abierto las instituciones del Estado mexicano que deberían colaborar para en forma expedita resolver los plagios de tesis profesionales, que, por cierto, gracias al diario El País nos enteramos que la misma tesis se presentó en examen cuatro veces (en 1986 por Ulises Báez; en 1987 por Yasmín Esquivel; en 1993 por un tal Juan Carlos Blanco Silva y en 2010 por Juan Carlos Martínez Mendoza, teniendo, todas ellas, como directora de tesis a la infatigable Martha Rodríguez Ortiz).

En definitiva, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, confluyen dos relatos impregnados de cálculo político, el de la UNAM que en voz del abogado general sostiene “que no hay ninguna facultad, que no está facultada ninguna autoridad universitaria, para emitir una resolución en el caso que nos ocupa”, mientras, el presidente señala “Hay instancias que en este caso deben resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario”.

No cabe duda, hay veces, que somos un país de vacilada.

Al tiempo.