EL DILEMA DEL PRISIONERO

 

EL DILEMA DEL PRISIONERO

 

En las “elecciones más grandes de la historia mexicana” prácticamente desaparecieron de la escena los llamados candidatos independientes y aumentó el número de partidos políticos.

O sea, los ciudadanos quedaron a merced del sistema de candidaturas y listas bloqueadas y del buen juicio de los dirigentes partidarios en el momento de postular candidatos a los más de 20 mil cargos de elección popular.

Esta suerte de “cárcel” a que fue sometido el elector no paró ahí, si tomamos en cuenta que, en muchas regiones del país, los cárteles intervinieron subiendo la temperatura con la amenaza e imponiendo a sus alfiles apátridas.

Hoy, muchos de ellos, ya son regidores, alcaldes, diputados locales y federales, quizá, hasta gobernadores electos para los próximos años.

¿Cuánto daño habrán de ocasionar durante su mandato? No lo sabremos hasta el final de su periodo o, quizá, mucho antes, porque en múltiples casos es solo un secreto a voces. Esta circunstancia define en parte la naturaleza de la elección a la que asistimos en medio de la bruma mediática y que hoy los vencedores buscan por todos los medios minimizar.

El 50% de la lista nominal en promedio decidió no asistir a las urnas por múltiples razones. Algunos porque están muertos, otros porque se encuentran en un centro psiquiátrico o de reclusión cumpliendo una condena, pero, los más, son parte de ese segmento crónico que siempre está lejos de las urnas.

Son a los que no les dice nada la invitación a la fiesta cívica de las instituciones electorales y menos el de los prohombres de la democracia. A ellos les resulta más útil un partido de futbol que asistir a la urna a depositar sus votos.

En cambio, los que seguimos votando, por las razones que sean, tuvimos que hacerlo sorteando las dudas normales sobre partidos reinventados y candidatos desconocidos, y peor, cuando algunas atmosferas estaban cargadas de olor a pólvora.

Y ahí es donde cobra sentido, el llamado “dilema del prisionero”, esa expresión figurativa de cierto realismo de la teoría política de la acción racional. Que situada en un contexto de violencia que ocurre antes, durante y después de la jornada electoral plantea el tema de los incentivos que tienen asistir a cumplir con los deberes ciudadanos.

Ya sabemos que nuestro sistema político descansa en una democracia electoral que en general cada tres y seis años vive relevos en todos los cargos de representación política. Y es deber cívico de todos los mexicanos refrendar con su voto esa rutina democrática pero la mitad no lo cumple porque no le significa nada.

Pero, también, en reciprocidad democrática el Estado como depositario de la violencia legitima debería garantizar que el ciudadano tenga seguridad e incentivos para hacerlo.

Saber que los candidatos de cualquier haya pasado bien por los filtros de pertinencia establecidos en la ley de partidos. Que los partidos como “intelectuales colectivos” ofrezca diagnósticos objetivos y alternativas a los problemas urgentes de la federación, los estados, los municipios y la más humilde de sindicaturas.

Que los servicios de seguridad de los tres niveles de gobierno estarán vigilantes de que las campañas y la jornada electoral transcurra con la mayor tranquilidad posible. Y no menos importante, que las instituciones administrativas y judiciales en materia electoral rindan cuentas con absoluta transparencia para que de los cómputos surjan gobernantes legítimos.  

¿Qué mejores incentivos podría tener un ciudadano para cumplir con sus deberes? Claro, no deberían ser otros asociados al clientelismo, la compra y venta de votos, menos a la coacción y muerte que ejercen los grupos criminales.

Sin embargo, hubo de todo esto en las elecciones del 6 de junio y en cierta forma con la anuencia de las autoridades, sea en Veracruz que alcanzó el liderazgo de muertes de personajes vinculados a la política activa, o en Sinaloa donde hubo de todo menos asesinatos, o en los estados, donde se activó el clientelismo recordándoles de donde vienen los apoyos a los adultos mayores o las becas otorgadas a los jóvenes desempleados y estudiantes o en los varios estados dónde se activaron operativos con el fin de capturar al votante y someterlo a su coalición, partido y candidatos.

Entonces, ya transcurrida la jornada electoral y teniendo a los gobernantes electos, el ciudadano “prisionero”, es testigo de su propio cautiverio de lo que en masa cultivó y tenemos por un lado, ese mapa colorido que nos presenta el politólogo Willibald Sonnleitner, investigador del Colegio de México, que nos ilustra a través del programa de Carmen Aristegui sus hallazgos en el PREP y que habrán de confirmar los resultados definitivos: Que avanzamos hacia el pluralismo político y que es falso, al menos en la Ciudad de México, ese mapa bicolor que la divide políticamente entre morenistas y prianistas, entre pobres y clasemedieros para usar la expresión que más le duele al Presidente López Obrador.

Pero, que no alcanza, a ver ese otro mapa rojo regional que ha quedado después de las elecciones concurrentes y donde los grupos criminales han dado un paso delante capturando la operación política y, por ende, los resultados en vastas regiones.

Aquí, también, hay pluralismo, la idea de la federación narca que alguna vez ideó el Cártel de Sinaloa como una forma de evitar la competencia desordenada por los mercados criminales y no lo logró, provocando una red de enclaves con distintos nombres: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, etc. que en esta ocasión actuaron con base a sus intereses regionales y en sintonía para “tener” su pedazo de representación política.

Ese elemento inédito en la historia de la relación de los gobiernos con estos poderes facticos marca un nuevo hito que no habrá de terminar bien sino se tiene una verdadera política de Estado y se revisa la efectividad de la política de abrazos no balazos.

 

En política, decía Jesús Reyes Heroles, “no hay vacíos, porque estos siempre se llenan”, y esa es una enseñanza renovada frente al futuro si es que queremos seguir teniendo partidos como representación de intereses que, lamentablemente, en muchos lugares están impregnados del olor a crimen organizado.