LA PARABOLA DE LA VIOLENCIA CONTRA POLÍTICOS

 

LA PARABOLA DE LA VIOLENCIA CONTRA POLÍTICOS

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

Mi solidaridad con Adela Navarro

y Héctor de Mauleón

 

En el largo periodo de la transición a la democracia el crimen organizado ha estado presente y ha dejado su impronta sangrienta entre la clase política.

Antes de ese periodo el crimen organizado estaba, como lo explica detalladamente Luis Astorga, el sociólogo sinaloense, quien realizó la investigación más importante a través de fuentes estadounidenses para ese gran libro que es El siglo de las Drogas donde el investigador de la UNAM aborda la relación entre el crimen organizado y la política durante el siglo 20.

Así fue, como los gobernadores de la ruta de las drogas, se convirtieron en una suerte de padrinos de las mulas que llevaban su producto a la frontera norte.

En ese entonces, tres reglas no escritas, definían esa relación que hoy tiene de cabeza al país con sus asesinatos:

Una, que la violencia si era necesaria debería ser en silencio y alejadas de los centros urbanos, dos, que está nunca debería ser en contra de los políticos y sus familias y, tres, que en caso de detención dentro y principalmente, fuera del país, nunca deberían involucrar a los políticos en sus declaraciones.

El cumplimiento de estas reglas redundaba en beneficios para esta generación de narcos como la libre circulación por el territorio, protección de sus familias, negocios y patrimonios.

Esta pax, narco política, se presume que empezó a romperse con tres procesos que se dan a finales de los años ochenta, donde, primero, había una nueva generación de narcos que vino a romper paulatinamente las reglas con un mayor protagonismo y violencia; segundo, los procesos de alternancia política PRI-PAN, y más tarde, PRI-PRD, en el ámbito local, había generado vacíos de intermediación corrupta con los gobernadores y ese vacío, lo llenaron ellos, en complicidad con agentes policiacos. Y en ese tránsito oscuro, surge el interés creciente por tener testaferros en la política, especialmente, en los estados y municipios, de las llamadas rutas de trasiego de drogas y, tercero, eso perfiló la papa caliente de la narcopolítica que se ha vuelto un problema mayo en la relación bilateral con Estados Unidos.

Esta violencia contra los políticos ha pasado por distintos momentos que van del salinismo a los acontecimientos de esta y la anterior semana:

Salinismo, durante este gobierno hay tres hechos relevantes: el asesinato selectivo de cientos de militantes del Frente Democrático Nacional que apoyaban la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, candidato presidencial y presidente del CDN del PRI y, luego, la vinculación de Raúl Salinas, hermano del presidente Salinas de Gortari, como presunto operador del Cártel del Golfo que en ese entonces dirigía el tamaulipeco Juan García Abrego.

Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox la violencia política no paró, pero se sesgó hacia la periferia como fue la confrontación militar contra el EZLN, las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, en tanto, el segundo presidente no registra crímenes políticos relevantes, pero, si, contra defensoras de los derechos humanos especialmente el caso de la abogada veracruzana Digna Ochoa que fue asesinada cuando defendía a comunidades que habían sido agredidas por militares.

En cambio, con Felipe Calderón, vuelven los crímenes contra políticos -aunque con el polémico manto de accidentes aéreos- son los casos de los secretarios de Gobernación Juan Camilo Mouriño en noviembre de 2008 y de Francisco Blake Mora, también en noviembre, pero, de 2011 y en los dos casos, destaca que las valoraciones técnicas están asociadas a falta de pericia de los pilotos y errores en los traslados, sin embargo, detrás de ellos estaba la detención y posterior extradición a Estados Unidos de Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael,  que controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México y se utilizaba para el trasiego de droga colombiana, muy probablemente, con la anuencia y el apoyo de Genaro García Luna.

Con Peña Nieto, sin duda, el crimen más relevante fue el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrido la noche del 26-27 de septiembre de 2014 un suceso criminal que sigue estremeciendo la memoria colectiva porque no se conocen oficialmente las causas y los autores intelectuales.

La promesa electoral de López Obrador de que en su mandato se conocerían todos los detalles y se haría justicia nunca se cumplió. Se dice que fue porque las investigaciones oficiales y civiles llegaron a un punto en que se comprometían al círculo del poder.

En el mandato de López Obrador no se conocen casos relevantes de políticos asesinados salvo el intento fallido de Omar García Harfuch en 2020, quien, entonces, se desempeñaba como secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, lo que contrasta con los más 200 mil homicidios dolosos y las decenas de miles de desapariciones forzadas, los cientos de políticos y candidatos regionales en campaña y asesinatos de periodistas.

El país, durante este gobierno, se convirtió en un cementerio por la libertad e impunidad con que se movieron los miembros de los cárteles de la droga dada la política paralizante de “abrazos y no balazos”.

Finalmente, los siete meses del mandato de Claudia Sheinbaum y, particularmente sin olvidar la violencia electoral, el asesinato reciente de dos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, permiten, aunque la presidenta diga que no hay que especular sobre el móvil y esperar el resultado de las investigaciones oficiales, es imposible, no coincidir con quienes, dentro y fuera, lo asocian a la violencia del crimen organizado.

Los crímenes de Ximena Guzmán y José Muñoz tienen la misma mecánica de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, incluso con sus matices operativos el intento fallido contra García Harfuch, donde de la nada aparece un pistolero profesional para acabar con sus vidas.

Entonces, que no se de vuelta a las hipótesis, el crimen lo cometió un pistolero de algunos de los cárteles que operan en la Ciudad de México lo que significa un vuelco a los años noventa de los asesinatos de políticos.

Y eso, tendría su explicación por el cambio de la política de “abrazos y no balazos”, por otra más proactiva, de golpe contra golpe, en materia de lucha contra el crimen organizado y en todo esto, aparece la reiteración de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado estadounidense ofreciendo apoyo en este problema bilateral y la respuesta oficial es la correcta.

Sin embargo, pregunto, ¿nuestras fuerzas han sido las suficientes y, mejor, la presidenta seguirá con la nueva política en materia de seguridad o volverá a la política de su tutor político?

Posdata: Un indicador para medir el clima en Palacio Nacional lo es el nerviosismo y cálculo en el viaje que la presidenta Sheinbaum haría este fin de semana a Sinaloa, y luego de los acontecimientos del penal de Aguaruto, la visita, se volvió un galimatías con cambios de lugares y hasta el rumor, de cancelación, finalmente llegó, pero, a otro municipio que garantizaba mayor seguridad.