La tómbola de jueces, magistrados y ministros en México
La tómbola de jueces, magistrados y ministros en México
Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21
La Real Academia de
la Lengua Española define tómbola como una “rifa pública de objetos
diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos”. Es decir, la
acepción no compromete a cargos públicos, sino que, simple y llanamente, se
refiere a un ejercicio en el que están en juego unos objetos o bienes sujetos
al azar.
Así, la palabra tómbola
tiene una connotación lúdica y está asociada a los concursos que se celebran en
las fiestas y ferias populares como parte de un gozo colectivo.
En cambio, los
procesos de selección de jueces, magistrados y ministros son algo racional; en
ellos están en juego posiciones de poder en materia de justicia, lo que de
inmediato los sitúa lejos del gozo de ganar un muñeco o un florero. Y es que a estos
servidores públicos de toga y birrete se les exige que sean los más preparados
para que, conociendo la ley, impartan la justicia indispensable en toda
sociedad democrática.
Esa es la constante en
la carrera judicial y, por lo tanto, es algo vinculado a la vocación, a la
preparación académica, a la honorabilidad profesional y, sobre todo, a un alto
sentido de la justicia para que los procesos judiciales no dependan de las
afinidades políticas o económicas que pueda haber en un régimen de separación
de poderes. Para muchos esta ha sido la mayor debilidad y el insumo para hacer esta
reforma.
Y eso,
lamentablemente, ya empezó en México con la reforma constitucional en materia
judicial, que tiene como producto tóxico el sorteo que se celebró en la sede de
la Cámara de Senadores, que ipso facto determinó qué cargos judiciales
estarán en una tómbola en 2025 y 2027.
En los procesos
internos de selección de candidatos a cargos de elección popular de Morena, una
parte son escogidos mediante este procedimiento, de tal manera que,
frecuentemente, personas que se registran para competir pasivamente en el
proceso terminan siendo diputados, alcaldes o senadores. Se desecha así la
profesionalización política para dar paso a la improvisación, lo que tiene un
alto costo para las instituciones.
Morena compró este
mecanismo de selección al sistema judicial de Bolivia, que es el otro país
latinoamericano —y, quizás, todavía el único en el mundo— que selecciona a sus
jueces, magistrados y ministros de la Corte constitucional mediante el voto
popular.
Y esto ha provocado
un debate intenso sobre los efectos que tendrá este sistema sobre la
impartición de justicia. Sin embargo, la mayoría calificada de una coalición de
corte populista lo ha reducido a simple ruido legislativo.
Ya existe un
calendario que tiene marcadas cada una de las fechas fatales hasta llegar a
principios de septiembre de
2025, cuando los elegidos por voto directo tomarán protesta de sus
cargos tanto en lo federal como en lo estatal.
Y comenzará una nueva
etapa, no solo del Poder Judicial sino de la relación entre los poderes
públicos, ya que la iniciativa convertida en Constitución y leyes
reglamentarias por obra y gracia del Poder Ejecutivo y legislativo será, sin
duda, un Poder sin poder propio, pues estará adosado a los otros poderes, lo
que significa una aberración en un sistema republicano de separación de
poderes.
Además, si a esta
reforma le agregamos la política, que pretende reducir el número de diputados y
senadores de representación proporcional con el que sobreviven las minorías
políticas, estamos a las puertas de la creación de un partido hegemónico que,
como sucedió con el PRI, pretende quedarse indefinidamente en el poder con una
oposición testimonial e irrelevante.
Es decir, estamos
ante un diseño constitucional y reglamentario digno de lo que técnicamente se
clasifica como dictablanda y que, muy pronto, podría poner en jaque las
libertades públicas en un contexto, además, propicio, con la escalada de
violencia que existe en regiones completas del país y exige la intervención de
la temida manu militari.
Cárteles poderosos,
tanto o más que los que han sacudido la vida pública de Colombia y Ecuador, sin
que en ellos se haya llegado a tanto en materia judicial, han activado las
alertas porque el crimen organizado podría invertir fondos de dinero sucio,
como lo ha hecho en las elecciones a lo largo de dos décadas, para la elección
de jueces, magistrados y ministros, generando un lobby ad hoc a su
servicio.
Y a pesar del llamado
nacional e internacional para neutralizar ese gran riesgo, se siguen dando pasos
en esta dirección de acuerdo con un calendario claramente establecido. Si no
hay un cambio en las leyes reglamentarias, lo tendremos en operación para el
último tercio del 2025.
En definitiva, la
tómbola legislativa es la columna vertebral de lo que la presidenta Claudia
Sheinbaum ha aceptado, que es que México está, no hay que dudarlo, en un cambio
de régimen, de desmantelamiento de las instituciones, no del viejo régimen,
porque esas ya se habían desmantelado o matizado durante el periodo de la
transición a la democracia, pero sí del viejo régimen priista a otro donde, tras
avanzar como sociedad en la construcción de contrapesos institucionales, estos,
al menos en el corto plazo, ya no existirán.
O si, el gozo, que siempre genera toda tómbola a los
ganadores de muñecos y floreros en medio de un azar que no lo será tanto sea
por los poderes facticos o los propios políticos. [ASB1] [EH2]
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