EL MENSAJE DE COACALCO

 

EL MENSAJE DE COACALCO

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

El asesinato de Milton Morales Figueroa quien fungía como coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y, quien, se perfilaba para dirigir el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de su amigo Omar García Harfuch es un golpe al corazón de la política en materia de seguridad.

Es inevitable, por lo tanto, inscribirlo en el propósito mayor que está detrás de los crímenes políticos no sólo de la última elección sino, a los de décadas, de cómo ese elefante que está en medio de la sala y que desde el gobierno frecuentemente se le ve de soslayo, no es marginal, sino un actor central, en la vida política del país y, como tal, tiene sus mecanismos directos e indirectos para hacerse ver, escuchar e influir en la toma de decisiones en este caso del nuevo gobierno que los mexicanos tendremos desde el primero de octubre.

O sea, el sacrificio, del comisario Morales Figueroa, se suma a la serie de asesinatos de mandos policiales en distintos estados de la federación y en particular, en la Ciudad de México, donde para no ir muy lejos, está el intento fallido de miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación contra García Harfuch el 26 de junio de 2020.

El mensaje de sangre está ahí y, ahora, falta la respuesta del gobierno que en primera instancia correspondió al presidente López Obrador sin nada significativo cuando con cierto sentimiento de rutina señaló frente a la gran pantalla de la mañanera: “Aquí se ve, hoy lo pudimos constatar, si repetimos la exposición, se pueden ustedes dar cuenta de cómo los que cometen delitos son detenidos y enjuiciados, condenados. Entonces, quienes hicieron esto, pues tienen que ser buscados y castigados. No es como antes que había impunidad, ya no aplica aquello de que no se puede tocar al intocable”.

Y en ese tono autocomplaciente se pronuncia Claudia Sheinbaum cuando afirma lacónicamente: “Aprovecho para dar mi pésame a la familia del responsable de Inteligencia de la SSC que fue asesinado el día de ayer, mi solidaridad con la familia y espero que pronto encuentren a los responsables”

El problema es que asesinaron a quien se perfilaba como alto funcionario del segundo piso de la 4T en materia de seguridad y eso estremece a cualquier gobierno de manera que esperaba mayor contundencia declarativa en la mancuerna política AMLO-Sheinbaum.

Era una oportunidad extraordinaria para dejar claro cuál será la política del nuevo gobierno contra el crimen organizado. Poner todas las letras.  Que como sabemos está en las tareas de inteligencia lo que a todas luces abre una hipótesis sobre el móvil del asesinato y los grandes cárteles que operan en la Ciudad de México.

En las pasadas elecciones fueron asesinados 36 candidatos y candidatas a cargos de elección popular, muchos de ellos militantes de Morena y, AMLO, ha querido minimizar la contundencia de la cifra argumentando que decenas de ellos no “eran todavía candidatos”, cómo si una formalidad cambiara sustancialmente las agresiones contra los políticos, y lo mismo sucede ahora, cuando el presidente habla de que no es como antes pues “ya no hay impunidad” o sea, es un asunto policial y como tal se cubrirá el expediente.

Está documentado que la mayoría de estos crímenes políticos y, muy probablemente también el de Morales Figueroa, lo cometieron pistoleros de alguno de los cárteles del crimen organizado y eso exige, como sucedió en Ecuador guardando las proporciones con el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, que las palabras se traduzcan en acciones de gobierno del tamaño de la amenaza para las instituciones de la República.

Vamos, que sea al menos equivalente al esfuerzo que la élite del poder utiliza para fustigar jueces, magistrados y ministros, en tanto, se reconoce el tema judicial como un asunto de Estado.

Pero, no, hay de enemigos a enemigos.

Si las cosas salen como quiere el presidente López Obrador y Sheinbaum Pardo, a vuelta de un año, tendremos elecciones populares de jueces, magistrados y ministros, lo que significa, que el dinero sucio del narco estará al servicio de sus candidatos, cómo lo ha estado probablemente en candidatos a cargos de elección popular y, que esa tolerancia y compromisos, son lo que quizá explica la timidez administrativa ante el asesinato de Morales Figueroa.

De ese tamaño es la definición política y el problema judicial que se avecina como Estado fallido para evitar que el crimen organizado siga capturando territorio, instituciones públicas y decisiones de gobierno, haciendo lo que tienen que hacer para resguardar lo conquistado.

Por eso, no es casual, que los subproductos de este tema espinoso sea un insumo poderoso en la contienda presidencial estadounidense y Donald Trump lo esgrima amenazadoramente para obtener dinero y votos.

Y lo hace porque sabe de la fragilidad de las instituciones mexicanas y el miedo que existe en Estados Unidos por la acción de los cárteles en su país.

En definitiva, el lamentable asesinato de Morales Figueroa es un mensaje poderoso contra el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, y en particular para García Harfuch, a los que les dicen con plomo que se acabó la fiesta electoral con sus discursos esperanzadores y esperan de ellos políticas, nombres y posiciones acordes con sus intereses.

Finalmente, trae a mi memoria el dicho de un exgobernador sinaloense, que tomó posesión del cargo en una escalada de violencia y los reporteros le pidieron su opinión sobre los hechos que acontecían y la respuesta fue desconsoladora: Me están calando, y sí lo estaban calando, al punto que no lo han dejado de hacer como lo demuestra el asesinato del servidor público Morales Figueroa.