¡FACTURAS, FACTURAS, JOVEN!

 

 

La Plaza de Santo Domingo, ubicada a unas cuantas cuadras de Palacio Nacional y del antiguo recinto legislativo de San Lázaro, fue durante mucho tiempo una referencia para quienes truqueaban con una factura fiscal, un título profesional, un acta de nacimiento, un pasaporte o una cartilla del servicio militar.

No había documento oficial que no se pudiera obtener en este lugar, sobre estas losas y el aroma desagradable del aceite quemado de fritangas, que se vendían a grito abierto a los transeúntes y a quienes consumían mientras esperaban el milagrito de ahorrarse dinero, tiempo y esfuerzo.

Así, durante décadas salieron decenas de miles, quizá millones de facturas apócrifas, que se convirtieron en el vehículo más rápido para la evasión de impuestos incluso, no pocos, obtuvieron grados académicos de licenciado, maestros o doctores falsos que luego hacían valer en las nóminas de instituciones públicas y privadas.

Y lo sorprendente, es que esto que era un fraude a todas luces, ocurría impunemente en el centro político, burocrático y legislativo del país y a la luz del día, sin que hubiera poder humano, que le pusiera freno a esta actividad ilícita.

Al no haber ese poder, estaba claro la existencia de un sistema de complicidades, que iba desde los administradores de esos pequeños locales ubicados en vecindades hasta los encargados por ley de que ese tipo de actividades no ocurrieran. Y, entonces, esas personas sin mayor rubor ofrecían sus servicios a quien estaba dispuesto a pagarlo.

Supongo que esta práctica ya no es una actividad tan ostentosamente grosera y ahora, pronto lo veremos, se realiza en un medio más pulcro, más acorde con las actividades de los delincuentes de cuello blanco incluso podría estar en alguna torre de la avenida Reforma.

Pero, sin duda ha crecido exponencialmente, en el primer arqueo se habla entre 50 y 55 mil millones de pesos, más o menos equivalente a la deuda fiscal de las 15 grandes empresas que operan en México, y que la mayoría está pagando aun a regañadientes.

Es decir, la evasión era tolerada y la practicaban pobres y ricos, quedando a la vista un hoyo inmenso en las finanzas públicas porque simple y llanamente la mayor parte de ese dinero nunca habría ingresado a las cuentas del gobierno. Y significaría menos inversión en educación, empleo, infraestructuras, vivienda, salud y, claro, ese dinero hubiera quedado en bolsillos privados sean los factureros, los evasores o los intermediarios políticos.

 Ese triángulo corrupto que ha quedado al descubierto y está amenazado de muerte, lo inmediato es que se van a girar ordenes de aprehensión contra las personas dueñas de las empresas factureras y se llamará a cuentas a las instituciones, empresas y personas físicas que se beneficiaban de este mecanismo evasor.

Y es que la revisión de las fuentes de facturas falsas, indican que se encontraban negocios establecidos capaces de producir miles de facturas diariamente y lo más sorprendente, o peor lo más escandaloso, es que entre los clientes se encontraban la Cámara de Diputados y la UNAM, y eso muestra el grado de degradación en que se había incurrido en perjuicio de las finanzas de la hacienda pública.

Que la información pública de las 15 empresas con mayores deudas fiscales y ahora el affaire de las facturas falsas, aparezca en medio de la crisis sanitaria, provoca enojo seguramente hasta entre los críticos más severos de López Obrador y eso explica que muchos de ellos prefieren volver la vista hacia otros temas más polémicos, más en clave de distractores, para no tener que reconocer el valor de esta medida.

Sin embargo, en el imaginario de la gente común hay un acto de justicia con este tipo de decisiones sin precedente en la hacienda pública, le da un plus al gobierno, una bomba de oxígeno, porque significa recaudación para las políticas públicas y los proyectos de inversión que son altamente demandantes de empleos temporales.

Y es que cobra una honda significación. Muchos críticos de López Obrador le apuestan a que la crisis sanitaria que ha venido acompañado por un periodo recesivo que no sabemos hasta donde llegará para que vuelva a la senda de crecimiento económico y, ante este horizonte desolador, termine por desbarrancar el proyecto político de la 4T.

Esta semana, el FMI declaró que según cálculos en este año habrá una caída de 10.5 puntos porcentuales del PIB, lo que significa el peor pronóstico conocido hasta ahora por sus efectos en la inversión y el empleo.

Sin embargo, con este tipo de medidas contra la corrupción, y aun dentro de las dificultades, se ve a un gobierno que no se ha paralizado y va adelante en la lucha contra la corrupción, lo que valida los cálculos sobre el costo anual de la corrupción que el presidente hizo en la campaña electoral por la presidencia.

 Claro, están ahí, los señalamientos de corrupción en el gobierno obradorista, el de los últimos días están dirigidos contra Irma Eréndira Sandoval, la Secretaría de la Función Pública, y su marido John Ackerman, por tener propiedades supuestamente por encima de sus ingresos cómo académicos universitarios.

Yo sólo agregaría a lo que se ha dicho que ellos no son cualquier profesor universitario se trata de la élite de la UNAM que desde antes de estar en la administración pública federal perciben además de su salario como profesores de tiempo completo perciben ingresos por ser miembros del SNI-Conacyt, nivel 3 y, probablemente, lo correspondiente en el caso de John por las colaboraciones en algunos de los más privilegiados diarios estadounidenses.

Pero, aun si fuera cierto, no hay manera de equiparar el monto de estos ingresos con el tema de las factureras, infinitamente superior al costo de las propiedades de estos profesores.

Vamos, la batalla que estamos viendo desde el inicio de esta administración no habrá de parar, sino aumentar de la peor manera, es parte del ruido mediático, al que debemos acostumbrarnos, es la dinámica del juego político, y está a la vista el horizonte de las fechas electorales de los próximos cuatro años.

Al tiempo.