LA EVOLUCIÓN AL NARCOTERROR

 

LA EVOLUCIÓN AL NARCOTERROR

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

“Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…

II. “Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional -explica el artículo 139 del Código Penal de la Federación para sancionar con agravantes cuando-: I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona”.

Este artículo contra diversas formas de terrorismo sigue durmiendo el sueño de los justos durante décadas, no porque no hubiera materia, sino por el vínculo entre política y crimen organizado. Que en justicia no es nuevo, viene de muy lejos como lo han demostrado las investigaciones del sociólogo Luis Astorga.

Y en particular, desde cuando el crimen organizado paso de ser un sujeto sin intereses políticos a un sujeto político. Y esto empezó con la alternancia política en los estados de la federación. No es casual que el primer estado donde se vio este cambio sustantivo haya sido en la Baja California a partir de 1989, cuando el PAN, gana su primera gubernatura.

¿Qué pasó ahí? Los cárteles que operaban de siempre en este estado fronterizo se quedaron sin interlocutores políticos. O, mejor, los nuevos gobernantes mantuvieron distancia con los personeros de los cárteles. Eso generó un vacío en los vasos comunicantes y como enseñaba Jesús Reyes Heroles, en “política no hay vacíos, siempre se llena”.

Los capos antes disciplinados al poder político lo llenaron promoviendo la captura de espacios de poder en un PAN con vocación empresarial y se fue relegando a los doctrinarios, para dar paso a los pragmáticos del neopanismo.

Y durante los años noventa el PAN siguió conquistando espacios de representación y, también, el PRD que dirigía López Obrador en alcaldías y estados frente a un PRI que iba rápidamente en retroceso y culminó con su derrota en los comicios presidenciales del 2000.

Para, entonces, el país había sido testigo del fortalecimiento del Cartel de Sinaloa que llegó a controlar la Federación de cárteles que operaban en las distintas regiones del país, sin embargo, las traiciones, fueron determinantes para que ese control se perdiera e iniciara la guerra entre ellos por conquistar los estados costeros y fronterizos más los mercados locales de drogas.

Aunque, vale aclarar, los cárteles de la droga del siglo pasado habían vivido un relevo generacional y se había sofisticado adjudicándose nuevos mercados del delito. Esto coincide con una disputa por el poder político, con todas las debilidades de un proceso de cambio político, donde la alternancia constante en los niveles municipales y estatales, en lugar de fortalecer las instituciones públicas, paradójicamente, se debilitaban de manera que en los Congresos se realizaban reformas para disminuir la desconfianza entre los jugadores que frecuentemente no respetaban las reglas de competencia y sus resultados.

Este espacio de oportunidad la vio el crimen organizado. Y es que sistema político era frágil y poroso, por lo que este, decidió, entrar al juego político promoviendo o intimidando candidatos, incluso, asesinando a aquellos que consideraba peligrosos para sus intereses y eso fue, el acabose, pues ya no había límites, estos, iban por todas.

Un abanico cada vez más amplio de áreas de operación criminal, influencia en el sistema de seguridad y financiero, inversiones en los distintos sectores económicos y alianzas empresariales, el mercado político y cada vez más, un mayor número de gobernantes en su nómina lo que fue enrareciendo la aplicación de la ley y modelando un narco Estado, como había sucedido en Colombia que, recordemos, llevó a Pablo Escobar a aspirar un cargo legislativo.

Esta anomia institucional coincide con una política mundial contra las drogas que se administraba mediante acuerdos de colaboración y cooperación -algunos de ellos terribles- entre las agencias estadounidenses y los gobiernos latinoamericanos y, en particular, con los mexicanos, que funcionaba burocráticamente como brindar informes a la prensa que tenía enfrente un nicho que satisfacer entre sus lectores y eso, hoy no ha cambiado, prosigue, basta ver los titulares diarios.

El presidente Trump, rompiendo todas de aquella diplomacia ha venido a cambiar esa rutina burocrática que aceitaba el engranaje de los intereses en los gobiernos y ayudaba a conservar el statu quo, que ahora está en entredicho, porque está en operación una confrontación mayor contra todo lo que significaba ese viejo régimen de entendimiento con las élites.

El relato de “primero los estadounidenses” ha movido la relación de baja intensidad entre EU y los países productores de drogas; la operación en tierra y aire de las agencias de seguridad del vecino del norte han mostrado la impotencia de nuestro país teniendo que decir la presidenta Sheinbaum, ¡caramba!, que esa presencia perniciosa “no es ilegal”; y la declaración ley de que los principales cárteles mexicanos son “organizaciones terroristas” es la mayor amenaza a lo que configura el narco Estado con todas las consecuencias y, en ese sentido, nuestro gobierno esta a la defensiva buscando la colaboración y demostrando que está haciendo el trabajo.

El indicado desde Washington y que tiene fecha de evaluación, sin embargo, lo que quizá espera la administración Trump es que la presidenta simplemente aplique el artículo 139 contra el terror que se vive en el país. Y ahí está el freno, el equilibrio, que, hasta ahora, existe, hacia adentro del partido gobernante y sus alianzas de facto. La pregunta es sí la presidenta, podrá y querrá, ir más lejos de los límites de esos equilibrios entre política y crimen organizado.