¿ES POSIBLE SUSTRAERSE DEL SISTEMA MAFIOSO?

 

¿ES POSIBLE SUSTRAERSE DEL SISTEMA MAFIOSO?

 

Ernesto Hernández Norzagaray

 

Un candidato de cualquier partido o coalición a un cargo de elección popular y ya en funciones un alcalde, un regidor o un diputado, un fiscal, un secretario o director de seguridad pública o un comandante de la policía ¿podría sustraerse de la presión o control del crimen organizado en la mayoría de los estados y municipios de la federación?

Preguntémonos si puede suceder en Guanajuato, Guerrero, Estado de México o Sinaloa, por mencionar, los más mediáticos de las últimas semanas y hasta podría ser una pregunta políticamente incorrecta, pero, necesaria, si se quiere tener una estrategia integral del problema porque frecuentemente se da por sentado que se puede, si se quiere, sustraerse de la captura de las instituciones y los propios agentes políticos y policiales en una pelea entre David y Goliat.

Y es que los indicios parecen indicar que no, sea por complicidad o desamparo en el acceso al poder.

La intimidación y asesinatos de decenas quizá, cientos, de candidatos a alcaldes durante las elecciones concurrentes del verano pasado, el acompañamiento de un comandante de la fiscalía sinaloense a Ismael El Mayo Zambada en los sucesos del 25 de julio en  Culiacán,  la decapitación del alcalde electo de Chilpancingo, el operativo “enjambre” que llevó a la detención de varios alcaldes en funciones en el Estado de México y la imagen de un jefe policiaco dándose un tiro mortal cuando se le leían los cargos de vínculo con el crimen organizado no parece permitir suponer que políticos y servidores públicos en materia de seguridad puedan sustraerse del alcance de los distintos cárteles del crimen organizado.

Si no todo lo contrario, para ser candidato con posibilidad de éxito electoral debe, como lo reconoció, un gobernador en funciones, que si se quiere gobernar es indispensables “hablar con ellos” y hablar con ellos, significa pactar frecuentemente protección, impunidad, condonaciones, cargos públicos, permisos y en algunos casos, contratos en obra pública o servicios para sus empresas legales, a cambio los grupos criminales ofrecen “cuidar la plaza” de otros grupos facinerosos.

Ese ha sido por décadas el factor de equilibrio en muchos estados y municipios donde existe la llamada “pax narca” aunque, no hay garantía, de que está sea rota, cuando coexisten dos o más organizaciones criminales disputándose el mismo territorio y mercado.

Alguna vez conversando con una colega periodista sobre lo que sucedía en Baja California y en Sinaloa, me decía, que la situación en su estado fronterizo era muy inestable por la existencia de tres organizaciones que se disputaban esa plaza estratégica para el trasiego de drogas, en tanto en Sinaloa, solo había una organización, lo que significaba una suerte de estabilidad mafiosa hasta que, como sabemos, ese cártel se rompió por una traición que llevó a la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Entonces, cualquier estrategia de seguridad, debe tener un diagnóstico que reconozca para alcaldes y policías la dificultad de sustraerse del sistema de relaciones mafiosas que existen en los estados y municipios pues, no basta ir, por el último político o policía corrupto, para tener una “política integral” de seguridad pública que, entre otras cosas, garantice la protección de las instituciones y la vida de los agentes de gobierno que están bajo presión ya no solo por el dilema que representa aquello de “plata o plomo” sino de conservar la vida suya y familiar.

Al escribir viene a mi mente la imagen terrible del joven político decapitado en Chilpancingo, quien, según trascendidos, su muerte fue la consecuencia de un “no” a una de las organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Que seguramente quería refrendar posiciones en el gobierno municipal o, en el terreno de las conjeturas, fue el costo por no haber ganado el “bueno” de los candidatos -recordemos, que estamos hablando de la capital del estado y quien triunfó fue el candidato de la coalición opositora.

Y se dirá, ya fue capturado el presunto culpable que sería, a reserva de que las investigaciones así lo confirmen, el que iba a ser el secretario de seguridad pública municipal. Pero, este crimen deja la pregunta en el aire, quien será el próximo alcalde sacrificado o mejor, cuantos alcaldes en funciones están nerviosos o tienen vigente un “arreglo funcional” con el sistema mafioso.

Y ahí está el quid de la cuestión, que muestra los pies de barro, de la política de seguridad pública y es que acciones tan mediáticas como la del “enjambre” mexiquense o la residencia de García Harfuch podrían estar respondiendo a la necesidad de legitimarlo en los hechos, incluso, más allá, como mensaje al futuro gobierno de Trump de que el nuevo gobierno mexicano está decidido a combatir políticos y agentes que trabajan para las organizaciones criminales.

 Sin embargo, hasta ahora, hay niveles de intervención como lo indica claramente el caso Sinaloa donde la FGR después de avanzar rápidamente en el montaje del asesinato de Héctor Melesio Cuén, el exrector de la UAS y líder del Partido Sinaloense vino un cambio de velocidad de manera que todo indica que por “razones de Estado” nunca sabremos quienes estuvieron detrás de esta operación fallida que exhibió a la fiscalía local que en otros escenarios seguramente hubiera bastante eficaz y oportuna.

Contrastando así, con la exigencia de AMLO y Sheinbaum al gobierno norteamericano, de que se le informara sobre lo “que pasó la mañana del 25 de julio” en Huertos del Pedregal que derivo en el traslado de Ismael El Mayo Zambada hacia territorio estadounidense donde se le ha iniciado un juicio que podría terminar en una cadena perpetua.

En definitiva, preguntarse sobre el margen de sustracción de políticos y agentes ante el sistema mafioso no es una interrogante menor sino esencial para que el poder político sea capaz de protegerse a sí mismo y a los ciudadanos, de lo contrario, seguiremos como en el mito de Sísifo cargando y viendo caer la misma piedra de violencia e inseguridad pública.